La Ciudad de México, otrora considerada un bastión de relativa seguridad, enfrenta una escalada de violencia que contradice los discursos oficiales. El reciente asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo en la colonia Moderna, ha encendido las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en la capital.

A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que el crimen organizado no tiene presencia en la ciudad, los hechos y las cifras oficiales cuentan otra historia. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos en la Ciudad de México aumentaron un 2.93% en el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 307 a 369 víctimas.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha identificado la operación de 62 grupos delictivos en la capital, incluyendo organizaciones como La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y el Tren de Aragua. Estas bandas están involucradas en actividades como narcotráfico, extorsión y trata de personas, y su presencia se ha detectado en diversas alcaldías de la ciudad.

La Unión Tepito, en particular, ha sido señalada como una de las organizaciones criminales más influyentes en la Ciudad de México, con operaciones que abarcan desde el microtráfico hasta la extorsión de comerciantes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar esta organización, su influencia persiste, y su capacidad para operar con relativa impunidad plantea serias dudas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz no sólo representa una tragedia personal, sino también un ataque directo a las instituciones y a la gobernabilidad de la ciudad. Este acto de violencia, perpetrado a plena luz del día, pone en evidencia la audacia y efectividad con la que operan estos grupos criminales y la vulnerabilidad de las autoridades ante su accionar.

Es imperativo que las autoridades reconozcan la magnitud del problema y adopten medidas efectivas para combatir la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. Negar su existencia no sólo es una falta de respeto a las víctimas, sino que también impide la implementación de políticas públicas adecuadas para enfrentar esta amenaza.

La ciudadanía merece vivir en una ciudad donde la seguridad no sea una utopía, sino una realidad tangible. Para lograrlo, es necesario un compromiso genuino por parte de las autoridades para enfrentar y desmantelar las estructuras criminales que han echado raíces en la capital.

La memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz debe ser honrada con acciones concretas que garanticen que su sacrificio no haya sido en vano. La lucha contra la violencia y el crimen organizado en la Ciudad de México es una tarea urgente que no admite más dilaciones.