Con leyes al vapor, sin debate ni técnica, y persecución contra quienes buscan la verdad, la ‘4T’ convierte estados en laboratorios del autoritarismo. Donde debería haber derechos y libertades, se responde con vigilancia y censura.
LEY CENSURA
El Congreso de Puebla aprobó recientemente una reforma al Código Penal que establece hasta tres años de prisión por “insultar, injuriar, ofender o agraviar de forma insistente en redes sociales” bajo el delito de “ciberasedio”. Un día después, el gobernador Alejandro Armenta la publicó para ser ley vigente.
Así, sin consultas ni revisión técnica, se abrió la puerta para criminalizar la libertad de expresión y el periodismo crítico en redes. Todo esto con el argumento de “proteger a niñas, niños y adolescentes”.
Quienes alzaron la voz fueron periodistas y organizaciones civiles. Artículo 19 y la Red Puebla advirtieron el riesgo de criminalizar la investigación periodística. También lamentaron que se aprobó sin incluir a la ciudadanía ni a expertos.
En lugar de escuchar, los legisladores oficialistas lanzaron un desplegado donde se quejan… ¡de ser insultados! ¿El problema? Las críticas. ¿La solución? Cárcel. Así la forma de resolver problemas.
Y para intentar calmar las cosas, el gobernador Armenta propuso foros para “escuchar” a la ciudadanía. Pero la realidad es que necesita una nueva reforma para tirar la ley censura.
LEY GARROTE
Puebla no es el único caso. En Campeche, la represión tiene nombre y apellido: Jorge Luis González Valdez. Periodista, 72 años, más de cinco décadas de trayectoria. Hoy tiene vigilancia permanente, fue detenido con violencia y enfrenta demandas millonarias que podrían arrebatarle su casa.
¿Su crimen? Criticar a Layda Sansores. Una jueza lo inhabilitó para ejercer el periodismo durante dos años, aunque ya estaba jubilado. Además, la gobernadora logró que un tribunal le impusiera una deuda de dos millones de pesos, por presunto “discurso de odio”.
La misma demanda también destruyó el medio donde trabajó. El portal Tribuna Campeche recibió la orden de desaparecer. Treinta personas perdieron su empleo. Todo porque molestaron a la gobernadora.
Jorge lo dijo claro: “Si amanezco muerto mañana, no me maté”. Lamentablemente, es una advertencia sobre la nueva situación del país que quieren normalizar.
LEY VIGILANTE
A nivel federal, el proyecto es aún más ambicioso: vigilancia total. Claudia Sheinbaum lanzó varias iniciativas que plantean la concentración de nuestros datos personales. Para muestra un registro de usuarios de telefonía móvil vinculado a una CURP que integraría nuestros datos biométricos. La excusa: seguridad pública.
También se propone una Plataforma Única de Identidad que concentrará información de bancos, salud, transporte, educación, propiedades. Todo quedará asociado también a tu CURP.
¿Y quién tendrá acceso? Las fiscalías, las policías, el Ejército. Todo sin control judicial. Sin Inai. Sin Poder Judicial independiente.
Organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC lo denunciaron: estamos ante la creación de una infraestructura de vigilancia masiva. Un Estado que puede vigilar todo, pero que nadie vigila.
Y lo hacen en nombre de nuestros derechos. Pero en realidad se plantea una sistematización de nuestros datos personales bajo el disfraz de seguridad. Más poder sin rendición de cuentas.
Hoy tenemos estados que criminalizan la crítica, que persiguen al periodismo, que legislan con ambigüedad para castigar discrecionalmente. Y todo sin discusión, sin debate, sin transparencia. Mientras, el gobierno federal busca vigilarnos desde un servidor.
Si no hay marcha atrás, estos laboratorios serán la antesala de un autoritarismo digital sin retorno.
EL DATO INCÓMODO
El programa Salud Casa por Casa operará con 5 mil millones de pesos, principalmente del IMSS e ISSSTE, pero lo ejecutará oficialmente la Secretaría de Bienestar como programa social. ¿Prevención médica o clientelismo electoral? Ah, y también registrarán datos personales.
