“Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial (…) te lo reduce hasta en 15 minutos”. La frase la pronunció Olga Leticia Chávez, diputada de Morena, mientras se discutía la nueva Ley de Seguridad Nacional.
Hablaba de un proyecto que actualiza el sistema de seguridad nacional por primera vez en dos décadas y que impactará la vida de millones de mexicanos. La pregunta es inevitable: ¿pueden los legisladores tomar decisiones tan relevantes con resúmenes automáticos que omiten matices y detalles?
INTELIGENCIA NO NATURAL
La inteligencia artificial se ha convertido en el concepto de moda. Es cierto que puede acelerar tareas rutinarias: revisar ortografía, condensar textos, sugerir ideas. Pero ninguna aplicación todavía sustituye el análisis humano, mucho menos en asuntos legales.
Expertos advierten que los modelos generativos, como los que pudo haber usado la diputada Chávez, no fueron diseñados para interpretar un contexto jurídico complejo ni para prever impactos sociales.
Si no se entrenan con datos adecuados, su precisión es pobre. En un tema técnico y delicado como una ley, un resumen de 15 minutos puede confundir conceptos o pasar por alto artículos clave.
La declaración de la legisladora es reveladora por dos razones. Primero, muestra la carga de trabajo desproporcionada en el Congreso en un periodo tan corto. Segundo, evidencia la confianza excesiva en la tecnología como atajo.
Porque en ese mismo debate, se revisaba no sólo la iniciativa original, sino modificaciones entregadas la noche anterior, que sumaban más de 200 páginas. ¿Cómo emitir un voto informado en condiciones así?
PRISAS EXTRAORDINARIAS
El periodo extraordinario, convocado entre el 23 de junio y el 2 de julio, no se limitó a una sola ley. Fueron 16 iniciativas de gran calado: inteligencia, telecomunicaciones, competencia económica, Guardia Nacional, seguridad nacional, entre otras. Muchas llegaron sin dictámenes previos ni análisis público.
La oposición, con voces como Ricardo Anaya, calificó el proceso de “precipitado” y “desaseado”. Legislar con prisas compromete la calidad de las normas y expone derechos fundamentales.
Otro ejemplo es la Ley de Inteligencia. Autoriza a las autoridades a pedir información patrimonial, fiscal, biométrica y de comunicaciones sin orden judicial. También permite al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional consultar estos datos.
PRIVACIDAD EN RIESGO
También se discute una nueva Ley de Telecomunicaciones. Establece medidas como la obligación de identificar cada línea telefónica con un usuario. Si no te registras, te cortan la línea.
La Ley General de Población contempla la creación de una CURP con tu foto y huellas dactilares. Las dependencias y empresas te la exigirán para brindarte servicios o hacer trámites.
Combinadas, estas reformas crean lo que expertos como R3D llaman una “infraestructura tecnológica autoritaria”: bases de datos centralizadas, vigilancia masiva y menos controles judiciales.
Si estos proyectos se aprueban al vapor, los costos serán altos. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes podrían ver restringida su libertad de expresión y su privacidad. Y todo esto ocurre mientras algunos legisladores celebran que una IA les ahorre tiempo.
La tecnología es útil, pero no toma decisiones. No evalúa si un artículo contradice la Constitución. No mide el impacto social de una disposición. No cuestiona si una norma invade derechos fundamentales.
Por eso, un proceso legislativo serio requiere análisis riguroso, debate público y participación de especialistas. La rapidez puede ser un valor en la industria, pero no en la democracia.
EL DATO INCÓMODO
En 2024, niñas de 10 y 12 años dieron a luz en México, con padres de hasta 65 años. Datos oficiales analizados por la divulgadora científica Montse revelan más de mil 500 embarazos infantiles, un espejo brutal de violencia sexual normalizada.
