La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social.

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De ahí que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considere que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables.

Y es que la dimensión del problema en México es innegable, pues sin considerar la cifra negra del 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.

Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general —no se especifica por empresas o comercios— e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodología de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE).

“Hemos insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país”, indicó el sindicato patronal que encabeza Juan José Sierra Álvarez.

A través de #DataCOPARMEX, se confirma que el 12.8% de las empresas socias a la Confederación han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%); donde este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de sus afiliados “considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles”.

El sindicato patronal considera que para que esta nueva ley se traduzca en resultados reales, se requiere garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación; capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.

Así como sensibilizar a gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.

Recuerda que “es relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y tecnologías de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles”.

Se reconoce que la minuta incorpora progresos relevantes como el incremento de penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 años de prisión y pueden llegar hasta 30 años en casos agravados.

Y las disposiciones que refuerzan las obligaciones de los servidores públicos encargados de seguridad, investigación y custodia, quienes enfrentarán penas hasta en un tercio mayores e inhabilitación cuando participen en la comisión del delito, “medida fundamental para impedir que redes que operan al margen de la ley, incluso con apoyo interno, continúen afectando a personas y empresas en todo el país”.