En entrevista radiofónica para informativo NTR con Guillermo Ortega, Ana Gaitán, abogada de Red en Defensa de los Derechos Digitales, abordó la nueva la Ley de Telecomunicaciones, que ya fue aprobada y hoy se debate de manera abierta en cinco conversatorios programados.

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Al respecto, la especialista comentó que, durante el primer encuentro en el Senado, su organización participó en el rubro de colaboración con la justicia, “porque sentíamos que no se estaba prestando suficiente atención al tema de libertad de expresión y censura“.

Gaitán expuso: “La ley incluye un registro de personas usuarias de telefonía móvil, que en realidad es una reedición del Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, derogado en 2011 por su ineficacia y porque su base de datos fue filtrada, y en 2022 fue declarado inconstitucional)”.

En ese sentido, sostuvo que su organización consideró que esta ley y otras que están en el Congreso, hoy tratan de volver a impulsar ese registro, que representa muchas problemáticas en torno a que se pueda hacer un acceso no autorizado de datos personales sensibles, en la totalidad de las 112 millones de líneas telefónicas y el 89% de los habitantes de México, si esto (la reforma) no se hace con las salvaguardas adecuadas“.

Además, subrayó Gaitán, “no se sabe qué autoridades serán las que estén facultadas para pedirle a las empresas de telecomunicaciones el acceso a nuestros datos, es decir, podrán saber no sólo sobre registros telefónicos –con quién hablamos y por cuánto tiempo lo hacemos–, sino también sabrán nuestra ubicación geográfica en tiempo real“.

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Este último dato es muy sensible, explicó la especialista, “porque permite crear una panorámica en términos de movimientos y de rutina de las personas“. Entonces, explicó, “tener acceso a esta información sin tener un judicial previo como requisito, sin saber qué autoridad lo puede hacer y sin que exista el principio de legalidad“.

La nueva Ley de Telecomunicaciones, sostuvo, “viola por completo el principio de reserva de ley y todos sus lineamientos”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales, resaltó, posee muchos informes en donde sus integrantes han documentado, “con mucha evidencia, cómo sí hay muchas autoridades sin facultades legales haciendo solicitudes para acceder a esta información, que ha sido utilizada en casos en donde ha habido graves abusos“.

Por otra parte, reprochó que a su organización únicamente le otorgaran cinco minutos para exponer su postura, “pues no son suficientes para profundizar en el tema, así que yo espero que sí organicen mesas de trabajo a las que nos inviten, pues nos preocupa la concentración masiva e indiscriminada que se hace de esos datos personales, algo que pasaba desde la ley de 2014″.

Otro tema que le preocupa a su organización es que esta ley aprovecha una crisis de inseguridad pública para que la gente acepte proporcionar sus datos personales “con tal de que se reduzca el delito de extorsión, pero en realidad no ayuda para reducir la actividad criminal, lo hemos comprobado”.