La presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre una serie de casos recientes que involucran a periodistas y ciudadanos procesados penalmente en Veracruz, Puebla y Michoacán, situaciones que han generado preocupación pública por posibles afectaciones a la libertad de prensa y de expresión en el país.

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En referencia al caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, la mandataria explicó que, de acuerdo con la información presentada en la reunión de gabinete, la fiscalía estatal desestimó el delito de terrorismo que inicialmente se le atribuía, aunque mantuvo una acusación por presunto encubrimiento al considerar que contaba con información de hechos delictivos que no denunció ante la autoridad.

Sheinbaum también se refirió a la vinculación a proceso en Puebla del reportero Rodolfo Ruiz, director del medio E-Consulta, señalado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que se sumó a la discusión nacional sobre el uso del derecho penal contra comunicadores.

En el mismo contexto, se mencionó la detención en Michoacán de una ciudadana acusada por publicaciones en Facebook contra un funcionario público, hechos que, según la fiscalía estatal, afectaron el honor del servidor público y derivaron en la primera orden de aprehensión por un delito cibernético de este tipo en la entidad.

La presidenta subrayó que las fiscalías estatales son órganos autónomos y que el Ejecutivo federal no interviene en sus determinaciones, aunque dejó clara su postura política e institucional al afirmar que “por encima de todo está la libertad de expresión”, principio que, dijo, debe guiar la interpretación de cualquier actuación ministerial.

Sheinbaum precisó que, en su opinión, si un periodista comete un delito comprobable debe responder como cualquier ciudadano, pero enfatizó que cuando el fondo de un asunto se relaciona con el ejercicio de la libertad de expresión, el Estado debe optar siempre por proteger ese derecho fundamental.

Como medida concreta, informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación valorar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pueda acercarse o brindar apoyo a periodistas que enfrenten procesos judiciales, siempre que así lo deseen los propios comunicadores.

A la pregunta de si el respaldo del mecanismo requiere una solicitud expresa, la presidenta aclaró que los periodistas pueden pedirlo de manera directa, aunque también existe la posibilidad de que la propia instancia federal se acerque a ellos si consideran pertinente recibir acompañamiento.

Respecto al caso de la ciudadana detenida en Michoacán por críticas en redes sociales, Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento previo del expediente y afirmó que el gobierno federal revisará la situación, además de reiterar que la crítica a funcionarios públicos forma parte del ejercicio democrático.

La postura presidencial se dio en medio de un debate más amplio sobre los límites entre el derecho penal, la protección del honor y la salvaguarda de la libertad de expresión, un tema que, de acuerdo con la mandataria, debe resolverse siempre privilegiando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.