La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Senado, Verónica Rodríguez Hernández, advirtió que reducir la informalidad laboral en México requiere más que diagnósticos: implica actuar con políticas que incentiven la inversión productiva, el desarrollo regional equilibrado, la simplificación administrativa y estímulos fiscales que eliminen las barreras para crear empleos formales.

La legisladora por el Partido Acción Nacional señaló que la falta de oportunidades laborales dignas ha mantenido a más de 30 millones de personas en la precariedad, lo que representa al 54 por ciento de la población económicamente activa.

Afirmó que esta situación responde a factores estructurales como la baja escolaridad, la burocracia engorrosa y las desigualdades de género, edad y región.

“Las consecuencias de esta realidad son graves: menor recaudación fiscal, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación, y exclusión de la seguridad social. Se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura médica o pensión“, sostuvo Rodríguez Hernández.

La senadora consideró necesario extender la protección social a todos los trabajadores, sin distinción de su condición laboral, y fortalecer la capacitación y vinculación entre educación y empleo, especialmente para jóvenes, mujeres y personas en comunidades vulnerables.

Por su parte, Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral, coincidió en que la informalidad es un problema histórico que no ha recibido la atención que merece. “Por desgracia, los gobiernos lo han ido pateando hacia adelante“, expresó al destacar que la falta de seriedad ha impedido un cambio estructural.

En tanto, el director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Francisco López Díaz, apuntó que la informalidad “no se combate, se resuelve“, y que el desarrollo económico no puede ser inclusivo mientras millones de personas permanezcan al margen de los beneficios del crecimiento.

Por lo anterior, propuso simplificar los trámites legales para abrir micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar la inclusión financiera digital, ofrecer incentivos fiscales para formalizar empleos y elaborar una reforma que proteja a quienes trabajan en esquemas no tradicionales.

En tanto, Héctor Márquez Pitol, especialista en temas laborales, subrayó que gran parte de la informalidad se origina en la evasión patronal. Explicó que sólo uno de cada cuatro trabajadores está registrado ante el IMSS, lo que deja sin seguridad social a la mayoría de la población ocupada.

Añadió que “lo único que puede generar empleo es la inversión“, por lo que planteó fortalecer la competitividad fiscal y modernizar las leyes que regulan la contratación, sin eliminar la protección de derechos laborales.

Desde el ámbito local, el representante de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Omar Rodrigo Escamilla Haro, aseguró que la capital ha logrado reducir la informalidad en los últimos años al identificar sectores susceptibles de regularizarse, como los servicios de plataformas digitales, lo que ha permitido incorporar a más trabajadores a la seguridad social.

En tanto, el coordinador de asesores del Gobierno de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, propuso avanzar en el registro y análisis de las actividades comerciales informales para conocer su ubicación, productos y horarios, así como determinar si responden a una necesidad económica o si son controladas por grupos delictivos que ocupan el espacio público.