El 1 de febrero, la Casa Blanca impuso aranceles del 25% a los productos importados de México. El motivo: el gobierno de Donald Trump acusó al gobierno mexicano de ser aliado del narco y no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. Un golpe económico disfrazado de presión política.

Pero hay otro tipo de aranceles que los mexicanos hemos pagado por años y que no vienen de Washington, sino del crimen organizado. Son los impuestos criminales que imponen los cárteles a productores, comerciantes y transportistas. Son extorsiones disfrazadas de “protección”, que terminan reflejándose en los precios que pagamos.

Cada vez que compras un kilo de limón, pagas derecho de piso. Lo mismo con el jitomate, la tortilla, el pollo o la gasolina. La extorsión ya es parte de la estructura económica de México.

Un estudio del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM reveló que el crimen organizado controla sectores esenciales de la producción y distribución de alimentos. Fijan precios, regulan volúmenes de cosecha y dictan cuánto se puede vender en el mercado.

El caso del limón es un ejemplo brutal. En Michoacán, los productores pagan hasta 5 pesos por kilo en cuotas criminales. Ese costo se traslada al precio final: el limón que debería costar como 20 pesos, ha llegado a costar hasta 80. El narco encarece la vida de los mexicanos, y el gobierno se hace de la vista gorda.

MAL EXTENDIDO

En los últimos años, la violencia contra quienes se niegan a pagar ha escalado. En Michoacán, Guerrero y Chiapas, comunidades enteras han sido desplazadas. Recordemos a Chicomuselo, en Chiapas, donde 4 mil personas huyeron porque los cárteles tomaron el control del comercio local.

En el Estado de México, La Familia Michoacana extorsionó por años a los comerciantes de pollo imponiéndoles proveedores que venden a precios inflados. En Guerrero, las organizaciones criminales han quemado tortillerías que no aceptan sus condiciones.

Si la extorsión fuera un impuesto formal, sería el más alto del país. Pero aquí no hay beneficios, solo miedo y sangre.

El crimen organizado también cobra cuotas a transportistas para circular por carreteras estratégicas. En el Estado de México, los concesionarios de transporte público pagan entre 200 mil y 800 mil pesos anuales en derecho de piso.

El resultado: el costo de transporte sube, el precio de la mercancía aumenta y la inflación golpea aún más el bolsillo de la gente.

CRISIS IGNORADA

El gobierno ha preferido medidas populistas en lugar de enfrentar el problema. Recientemente se aprobó una reforma constitucional para establecer la prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión, pero eso no resuelve el problema de fondo. 

México terminó 2024 con 10 mil 227 denuncias por extorsión, un aumento del 16.8% respecto a 2019. Pero la mayoría de los casos no se reportan por miedo. Si no tienes información sobre la dimensión del problema, no lo puedes resolver. La realidad es que el crimen organizado opera con la tranquilidad de saber que nadie lo frenará.

Donald Trump ha decidido sancionar a México con aranceles, pero los mexicanos ya están pagando otro impuesto mucho peor. Uno que se cobra en cada kilo de comida, en cada pasaje de transporte, en cada negocio que cierra por miedo.

El problema no está solo en Washington. También está en los cárteles que han convertido la extorsión en una industria millonaria. Y en un gobierno que prefiere mirar para otro lado.