Foto: Cuartooscuro Más de 200 organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y grupos de víctimas exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a los gobiernos federal y estatales asegurar recursos obligatorios para la atención, asistencia y reparación integral.
Encabezados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19, solicitaron también que se mantengan en funcionamiento pleno las instituciones encargadas de estos procesos, que cualquier reforma futura se construya con participación directa de víctimas mediante procedimientos transparentes y que no se desmantelen los mecanismos que sostienen el acceso real a la justicia.
Las organizaciones firmantes de los estados de Guanajuato, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Sinaloa, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, entre otras, llamaron además a la sociedad civil nacional e internacional a vigilar los cambios normativos y señalar cualquier intento de retroceso.
Las organizaciones explicaron que estas demandas se originan en la reciente resolución de la Suprema Corte, que declaró constitucional la reforma que elimina el porcentaje obligatorio del presupuesto destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
Advirtieron que, al retirar esta base presupuestal mínima, los derechos de las víctimas quedan sujetos a disponibilidad financiera y decisiones administrativas variables, lo que compromete la operación de los mecanismos de búsqueda, acompañamiento, memoria, verdad y garantías de no repetición.
A este señalamiento añadieron que el fallo no solo afecta el financiamiento, sino que reabre un asunto ya decidido por una integración anterior de la Corte, lo que vulnera el principio de cosa juzgada y afecta la seguridad jurídica.
Recordaron que ese análisis previo había establecido que la reforma era regresiva y contraria al principio de progresividad, por lo que la nueva resolución contradice la línea de protección que el tribunal había seguido hasta ahora y coloca nuevamente en riesgo derechos que ya habían sido salvaguardados.
Advirtieron que, al modificar un criterio consolidado, la decisión también debilita la eficacia del juicio de amparo como herramienta de protección constitucional en materia de derechos humanos, al permitir que temas previamente resueltos puedan ser reabiertos y sometidos nuevamente a debate, ya que, señalaron, abre la puerta a futuros retrocesos normativos que podrían afectar medidas de verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición.
Las organizaciones concluyeron que, sin una garantía presupuestal obligatoria y sin criterios judiciales firmes que protejan la progresividad de los derechos, los avances alcanzados durante años por colectivos de familiares y defensoras quedan en riesgo, y reiteraron la necesidad de mantener una vigilancia constante frente a cualquier reforma que busque reducir las protecciones actuales.
