Foto: Cuartoscuro La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), afecta la evaluación y la rendición de cuentas en el combate a la pobreza, además de que se elimina al órgano que dio sustento técnico a los programas sociales más relevantes del país.
Señala que evaluar la política social exige más que medir cifras; requiere un análisis profundo que ahora está en riesgo, lo cual no hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como ya lo ha manifestado su presidenta, Graciela Márquez.
Lo anterior, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa que extingue al Coneval y transfiere sus funciones al INEGI, y ello, afirma, “representa un grave retroceso en la evaluación técnica, imparcial y especializada de las políticas sociales en México”.
De ahí que el sindicato patronal rechazó la medida que, afirma, “elimina al único organismo capaz de evaluar, con rigor e independencia, la política social del Estado mexicano. No se trata de una simple reestructuración administrativa; se trata de eliminar al evaluador para evitar cualquier resultado adverso”.
Recuerda que desde su creación, el Coneval representó un referente técnico nacional e internacional.
Sus informes revelaron progresos, pero también errores y retrocesos en los programas sociales. Por lo anterior, sostiene que no es casual que haya sido blanco de descalificaciones por parte del gobierno anterior, especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza. Dos años más tarde, celebró una supuesta salida de nueve millones sin mencionar que, para entonces, el Coneval ya había sido debilitado.
“Hoy, su desaparición completa confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial. Transferir sus funciones al INEGI implica confundir dos tareas distintas. El INEGI genera datos; el Coneval evaluaba políticas públicas. Una cosa es contar, otra es analizar impacto”.
La Coparmex sostiene que la especialización del Consejo permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no, y ahora, “eliminar esa capacidad técnica abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados. Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda”, advierte.
No dejó de señalar que, asignar al INEGI un rol de evaluador de políticas públicas también compromete su función esencial como generador autónomo de información, toda vez que “convertirlo en juez del desempeño gubernamental distorsiona su naturaleza técnica y lo expone a presiones políticas. Involucrarlo en valoraciones sobre políticas públicas lo aleja de su misión original: producir datos objetivos, confiables y con rigor metodológico.
“Esa confusión de responsabilidades puede erosionar su credibilidad ante académicos, sectores productivos y organismos internacionales que confían en la imparcialidad y solidez de su trabajo”, aseveró la Coparmex, que exige se conserven íntegramente las metodologías, frecuencias y términos de referencia utilizados hasta ahora.
Advierte que si los nuevos informes no son comparables, objetivos y transparentes, impedirán cualquier mejoría en la política social y será denunciado públicamente, pues “no aceptaremos simulaciones disfrazadas de evaluaciones. Medir la pobreza no puede convertirse en un acto de fe, ni en un instrumento de campaña”.
A ello se suma, observó, el hecho de que el personal técnico del Coneval, con años de experiencia y credibilidad, debe ser incorporado plenamente en esta transición. Ignorar su conocimiento sería condenar al país a una improvisación peligrosa.
Puntualizó que la eliminación del Coneval se suma a una ofensiva más amplia contra los organismos autónomos, toda vez que se ha advertido que “debilitar instituciones autónomas solo sirve para concentrar el poder y silenciar las voces incómodas. No hay justificación técnica ni financiera para su desaparición: su operación representa apenas el 0.05% del presupuesto federal. El costo de desaparecerlo es altísimo en términos de información confiable, legitimidad democrática y bienestar social”.
Puntualizó que la evidencia debe prevalecer sobre la narrativa, y “el combate a la pobreza exige algo más que discursos: requiere datos sólidos, evaluaciones imparciales y políticas públicas que funcionen. Sin el Coneval, esa ruta queda en entredicho”.
