El destino de la seguridad en México está vinculado con su historia reciente; lo que le sucederá en los próximos años está prácticamente destinado a todo menos a la suerte, sino a décadas de corrupción e ineficiencia.

La clase política y sus intereses han hecho erupción: el poder, por el poder mismo que ha caracterizado a estos funcionarios, sumado a millones de dólares acordados con la delincuencia para continuar proyectos políticos individuales y patrimonios personales normalizados como justos, legítimos y dignos de un funcionario de cualquiera de los tres poderes y niveles de gobierno, ha quedado al descubierto.

Graham Green señala que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
Hasta que el destino alcanza y materializa la realidad.

En este momento coyuntural, los gobernantes mexicanos no imaginaban que la irresponsabilidad (dejar de responder con habilidad) y la corrupción impactarían más allá de las fronteras; pensaban que la impunidad quedaría intocable y que las relaciones entre políticos y criminales en el contexto de los 22 delitos que ejerce la delincuencia organizada cerrarían como el negocio perfecto.

Lo que no resultó de la ecuación anterior es que una de las partes incumpliera lo pactado; los que en su momento acordaron continuar con el delito organizado sin el ejercicio de la violencia no se dieron cuenta de que las generaciones criminales cambian de intereses, de representantes y de escenarios; que donde mandaba la política y se subordinaba la delincuencia ahora se han puesto al cumplimiento de las instrucciones de estos líderes criminales, quienes ejercen la violencia como medida de coerción para tomar territorios municipales y administrar sus conductas delictivas como negocio propio.

Lo que no esperaban los integrantes de ese vínculo político y criminal es que se materializara aquel ‘cisne negro’ de la intervención norteamericana en franca violación a nuestra soberanía nacional. Si bien sabían que existía la posibilidad y, por ello, con una inusitada velocidad procedieron a extraditar a decenas de criminales y a implementar operaciones de desmantelamiento de redes delictivas, no se percataron de que el mal ya estaba hecho; que el México revolucionario corrupto y violento tendría un límite y ese lo puso una potencia extranjera, no necesariamente la más eficiente y honorable, pero sí la más poderosa, que, de acuerdo con su doctrina, México ya representaba un antagonismo a su seguridad nacional en las personas de la delincuencia organizada y política que han llamado “narcoterroristas”.

Donald Trump, presidente estadounidense, firmó una orden ejecutiva destinada a las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad para acabar con el narcoterrorismo en otras naciones, entre ellas, México.
Pero no nos asustemos, no veremos a miles de militares norteamericanos tomando la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México para erigir su bandera, ese no es su interés. De lo que posiblemente seremos testigos es de la aplicación de su sobrada tecnología, procesos y talento para buscar, localizar, identificar y neutralizar a esa serie de “blancos criminales y políticos” que han dañado sus intereses, que, dicho sea de paso, también son los nuestros.

Daremos testimonios, por decenas, me imagino, de operaciones como la aprehensión del señor Zambada.

Queda a la Presidenta de México decidir si se suma a estas acciones, si defiende la soberanía nacional bajo acuerdos bilaterales de cooperación o protege a estos criminales y políticos organizados que tanto daño han hecho al país; decidir si representará a millones de personas o preferirá la protección de cientos, acaso miles de delincuentes, pensando en continuar en esa ya normalizada connivencia criminal y política.