México acepta responsabilidad por caso Ascencio ante COIDH

Corte ordena reparación integral tras acreditar violaciones a derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario



Ernestina Ascencio Rosario, de la Sierra de Zongolica, en imagen obtenida de las redes sociales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la postura del Estado mexicano luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) notificó la sentencia del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, Veracruz, en la que se determinó la responsabilidad internacional de México por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la justicia.

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Durante el procedimiento ante el tribunal internacional, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y adecuada que enfrentó la víctima, así como por las deficiencias institucionales que impidieron una investigación eficaz y con debida diligencia reforzada sobre los hechos ocurridos en febrero de 2007.

La cancillería informó que el Estado analizará con detenimiento los razonamientos jurídicos y los elementos de convicción contenidos en la sentencia, con el propósito de cumplir de manera integral con las medidas de reparación ordenadas por la COIDH y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El fallo del tribunal regional estableció que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio constituyó un acto de tortura, al tratarse de una agresión intencional que causó sufrimientos físicos y mentales severos, perpetrada con fines de intimidación, degradación y control en un contexto de militarización en la región.

La sentencia también acreditó que la falta de atención médica adecuada, sumada a las graves lesiones sufridas por la víctima, derivó directamente en su muerte, luego de que sus familiares la trasladaron durante varias horas en busca de auxilio médico hasta el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció sin recibir intervención quirúrgica.

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A través de un comunicado, la SRE reiteró que la posición del Estado mexicano se mantiene orientada a la solidaridad con las víctimas, a la garantía del derecho a la verdad y al acceso a la justicia, así como a la reparación integral del daño y la adopción de medidas de no repetición.

El tribunal internacional determinó además que las investigaciones ministeriales no incorporaron perspectiva de género, enfoque étnico ni consideración etaria, y que fueron cerradas de manera prematura sin agotar las líneas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

La sentencia señala que dichas deficiencias se vieron agravadas por estereotipos reproducidos desde instancias gubernamentales de alto nivel, lo que contribuyó a generar un ambiente de descrédito hacia la víctima y sus familiares, particularmente por su condición de mujer indígena monolingüe.

Entre las medidas ordenadas por la Corte Interamericana se encuentran la conducción de una investigación penal exhaustiva y seria, el fortalecimiento de servicios de salud en la región, la creación de un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas y la implementación de programas de capacitación para funcionarios públicos.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el cumplimiento del fallo se abordará de manera coordinada entre las distintas dependencias del Estado, con el objetivo de garantizar que las medidas de reparación se apliquen de forma efectiva y conforme a lo ordenado por el tribunal internacional.