La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tramitó ante la Embajada de Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas (2016-2022), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal rechazó el recurso con el que intentó evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

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La gestión diplomática encabezada por la cancillería fue notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, instancia que el 11 de febrero negó la protección judicial solicitada por el exgobernador y por cuatro integrantes de su familia.

El trámite se sustentó en una petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió activar el mecanismo diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos, así como en una segunda orden dictada en febrero de 2024.

La resolución judicial más reciente mantuvo vigentes las órdenes de aprehensión al considerar que existieron elementos suficientes para continuar el proceso penal, criterio que abrió la puerta a la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición en territorio estadounidense.

Cabeza de Vaca permanece fuera de México desde 2022 y las autoridades lo consideran prófugo, mientras diversos reportes de prensa señalan que reside en Estados Unidos sin que hasta ahora ese país informara sobre su detención o sobre el inicio formal de un procedimiento para entregarlo a México.

En respuesta a la difusión de la solicitud, el exgobernador publicó un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, difundido por el despacho Coello Trejo & Asociados, en el que sostuvo que cuenta con protección judicial contra su arresto y que una suspensión definitiva impide ejecutar cualquier detención con fines de extradición mientras no sea modificada o revocada.

El documento señaló que la defensa interpuso recursos ante un tribunal federal para revisar la negativa del amparo y mantener una suspensión provisional, estrategia jurídica con la que busca frenar los efectos de las órdenes de captura emitidas en su contra.

En 2025, el exmandatario afirmó que la Interpol retiró la ficha roja que pesaba en su contra, versión que la Fiscalía matizó al indicar que la notificación solo quedó suspendida temporalmente por decisiones judiciales y no cancelada de manera definitiva.

Mientras tanto, la primera orden de arresto continúa bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un recurso promovido por la defensa, lo que mantiene abierto un frente legal paralelo al trámite diplomático ante autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no informó si dará curso a la solicitud mexicana, en un proceso que dependerá de la valoración de las órdenes de captura vigentes y de los recursos judiciales pendientes en tribunales mexicanos.