En un mismo día, dos mensajes provenientes de Washington encendieron las alarmas en Palacio Nacional. El Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos, colocó a México frente al espejo de sus dos grandes laceraciones: el narcotráfico y la impunidad. Horas más tarde, el gobierno estadounidense emitió una alerta por terrorismo que, en su propia narrativa, abarca incidentes de violencia con características terroristas en 30 de las 32 entidades federativas, con excepción de Campeche y Yucatán.

La fotografía que proyecta este diagnóstico es devastadora: un país en el que el crimen organizado no sólo disputa territorios, sino que genera un clima de inseguridad que, para el vecino del norte, se asemeja a escenarios de alto riesgo global.

La entrega silenciosa

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa cediendo en un terreno delicado: la extradición masiva de delincuentes de alto perfil. A los 29 entregados en febrero, se suman ahora otros 26, para un total de 55 figuras relevantes del crimen organizado enviadas a prisiones y cortes estadounidenses en apenas ocho meses. Una cifra que no se explica sin un acuerdo político de alto nivel y que muestra la intensidad de la presión que ejerce Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La coincidencia de estas acciones con los operativos contra laboratorios de fentanilo, la captura de generadores de violencia y el endurecimiento de la frontera norte para frenar migrantes apunta a un mismo guion: satisfacer las exigencias del presidente estadounidense en su agenda electoral y de seguridad.

El nuevo lenguaje de la relación bilateral

Lo que se mueve en los entretelones es la construcción de una relación asimétrica en la que Washington marca el paso y México lo sigue. Trump no sólo quiere resultados en materia de drogas y migración; ahora ha puesto sobre la mesa un tema que en México es dinamita política: la detención y extradición de figuras del alto poder señaladas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Un capítulo que, si se abre, podría sacudir la estructura misma del sistema político mexicano y poner en jaque a más de un intocable.

Lo que viene

El escenario futuro no es alentador. Si Sheinbaum continúa aceptando sin resistencia cada nueva exigencia, México corre el riesgo de quedar atrapado en un modelo de cooperación que, más que bilateral, es de subordinación. La etiqueta de “narco-Estado” que algunos analistas en Washington ya deslizan sería devastadora para la imagen internacional del país y para su margen de maniobra diplomático.

La pregunta de fondo es si la presidenta está diseñando una estrategia para resistir y negociar con firmeza o si, como hasta ahora parece, seguirá cediendo terreno a cambio de mantener la relación sin rupturas abiertas. Porque lo que está en juego ya no es sólo la seguridad o la cooperación judicial: es la soberanía misma.