Urge el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al gobierno de México y al Congreso de la Unión, la necesidad de revisar la recién aprobada legislación sobre lavado de dinero, pero, también en lo que toca al financiamiento al terrorismo, lo cual no se observa en la legislación mexicana y, con ello, hasta el ajuste normativo respectivo, toda vez que toca a nuestro país adecuar la normatividad a la de Estados Unidos.

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Asimismo, señaló que varios de los negocios, sean del sistema bancario o de otro tipo de giros como empresas, negocios o industrias, deben revisar la legislación estadounidense al respecto, para no verse sorprendidos.

Y es que, tal y como lo reportó el IMEF en meses anteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security) estima que cada año cárteles del narcotráfico envían a México hasta 30 mil millones de dólares.

Por ello, “es lógico pensar que un porcentaje de esa cantidad utiliza empresas establecidas para el envío de los recursos, y no solamente a través del sector financiero. Recientemente, la prensa norteamericana reportó que las autoridades estadounidenses habían desarticulado una red de transporte de dinero en efectivo utilizando camiones blindados para cruzar la frontera”, indicó el IMEF.

En conferencia de prensa, se señaló que la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, IntercamBanco y Vector Casa de Bolsa, provocó un retiro de entre el 30% y 40% del dinero de los clientes con flujos importantes en los primeros dos días, lo que significa un retroceso de cinco años para los dos bancos denunciados, dijo José Antonio Quesada Palacios, asesor de la presidencia nacional del IMEF y exvicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En la también Mesa de Análisis sobre el Sistema Financiero, dijo que Vector, concentraba el 20% del volumen de operaciones de cambio en el mercado, flujo que se está moviendo hacia otras casas de bolsa.

Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, dijo que el número concreto y el impacto en otras instituciones bancarias, por la situación recién vivida por las tres instancias financieras, se podrá ver en agosto, cuando la CNBV emita su reporte de depósitos de julio.

Advirtió que el futuro de las instituciones denunciadas “es complicado” si no se resuelve rápidamente el tema de las sanciones, pero no descartó que estas instituciones “queden eventualmente como cascarones o sufran el mismo destino que otras como Accendo Banco“, que entró en insolvencia y fue vendido hace un par de años tras enfrentar problemas similares.

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Quesada no dejó de señalar que el órgano regulador “ha perdido capacidad de respuesta y talento” en los últimos años, por lo que indicó, “es muy importante robustecer al órgano supervisor“, pero también señaló que “habría que revisar las capacidades actuales del supervisor a la luz de todos los jugadores que tenemos en el sistema”.