El Gobierno de España y los de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay fijaron una posición conjunta frente a la situación en Venezuela, al manifestar su profunda preocupación y rechazo por las acciones militares unilaterales ejecutadas en su territorio, al considerar que contravinieron principios fundamentales del derecho internacional.

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A través de un comunicado, publicado por La Moncloa, los gobiernos señalaron que el uso y la amenaza de la fuerza violaron la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, principios consagrados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y advirtieron que este tipo de intervenciones constituyen un precedente peligroso para la paz, la seguridad regional y la protección de la población civil.

El pronunciamiento subraya que la situación venezolana únicamente puede resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas, al tiempo que reafirmó que solo un proceso político inclusivo, conducido por las y los propios venezolanos, permitiría una salida democrática y sostenible.

Las cancillerías reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre la solución pacífica de controversias y la no intervención, por lo que llamaron a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente, más allá de diferencias políticas entre los gobiernos.

Exhortaron al secretario general de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a emplear sus buenos oficios con el objetivo de contribuir a la desescalada de tensiones y a la preservación de la paz regional, ante el escenario abierto tras la intervención militar.

También expresó preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos de Venezuela, al considerar que dichas acciones resultan incompatibles con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, difundió en sus redes sociales el comunicado conjunto y subrayó que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y con apego al derecho internacional.

Desde el sábado pasado, el Gobierno de México rechazó las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano por considerarlas una violación a la Carta de la ONU, llamó a la desescalada inmediata, defendió a América Latina y el Caribe como zona de paz y pidió privilegiar el diálogo como única vía legítima de solución.

La posición oficial, sustentada en los principios históricos de la política exterior mexicana y en su vocación pacifista, subrayó la obligación de todos los Estados de respetar el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU, al tiempo que demandó el cese inmediato de cualquier acto de agresión dirigido contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

Desde esta óptica, México advirtió que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la proscrición de la amenaza o el uso de la fuerza, por lo que cualquier acción militar unilateral representa un riesgo grave para la estabilidad regional.

El pronunciamiento reiteró que el diálogo y la negociación constituyen las únicas vías legítimas y eficaces para resolver diferencias entre Estados, por lo que el Gobierno mexicano refrendó su disposición a respaldar mecanismos de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz y evitar una escalada de confrontación.

Asimismo, México instó a la ONU a intervenir de manera inmediata con el objetivo de contribuir a la desescalada de tensiones, facilitar el diálogo entre las partes involucradas y generar condiciones que permitan una salida pacífica, sostenible y plenamente conforme al derecho internacional.