Tras afirmar que México “está camino hacia un régimen de corte autoritario” ya que Morena ha logrado concentrar el poder al haber cooptado a los poderes Legislativo y Judicial, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República adelantó que su partido votará en contra del dictamen para trasladar funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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En respuesta, durante la discusión y aprobación, en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta, del dictamen que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la senadora Lilia Valdez trató de generar confianza al afirmar que “el particular cuando pida información ahí estará, no es cierto que se ocultarán los datos del gobierno”.

Anaya Cortés, al presentar sus argumentos para que no se aprobara el dictamen, dijo que en todos los gobiernos han intentado esconder información importante para el país y que debido al organismo se ha logrado dar a conocer actos de corrupción.

“Los gobiernos anteriores transparentaron información a través del INAI, como en el sexenio del ahora expresidente Felipe Calderón, donde no se quería entregar información completa de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, pero el INAI lo obligó a entregarla”.

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Continuó al señalar que lo mismo ocurrió con el PRI, en la administración de Enrique Peña Nieto, “donde no se quería entregar la información relativa a la Estafa Maestra, y fue justamente el INAI el que también los obligó”.

Finalmente, recordó que, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la intervención del INAI permitió que se conociera el megafraude de Segalmex.

Durante la reunión de las comisiones, el dictamen fue avalado por 20 votos a favor y siete en contra, y tiene por objeto homologar reglas, principios, bases, procedimientos y mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; además, rediseña las autoridades responsables de garantizar ese ejercicio.