Nuestro país apareció en el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2025. Un ranking que no hacen opinadores ni partidos, sino una organización internacional que mide algo básico: si la ley se cumple o no.
Y la respuesta no es inesperada, pero decepciona de todos modos. Estamos junto a Nigeria, Congo y Bangladesh. En América Latina sólo superamos a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Para un gobierno que se presume como ejemplo para el mundo, es una vergüenza. Pero sobre todo, es una advertencia. Si la ley no vale, la vida tampoco.
AL LÍMITE
El World Justice Project mide ocho cosas: corrupción, seguridad, justicia penal, justicia civil, derechos, gobierno abierto, contrapesos y cumplimiento de reglas. Y México retrocede en casi todas.
El golpe más duro está en los límites al poder. El índice registra la erosión de los contrapesos durante el último tramo de López Obrador y el arranque de Sheinbaum.
En este periodo entra la reforma judicial, esa que expulsó a jueces, magistrados y ministros para convertir sus cargos en botín electoral. Aún falta que su implementación y su impacto influya en próximos reportes. Pero no olvidemos lo que provocó: una captura del Poder Judicial.
Y aun así, nuestro país bajó posiciones y perdió confianza internacional. No porque “nos tengan mala fe”, sino porque los gobiernos sin contrapesos convierten la falta de respeto a la ley en una costumbre.
CORRUPCIÓN SIN FRENO
México aparece en el puesto 134 de 143 en ausencia de corrupción. No hace falta un doctorado para entender por qué. Funcionarios que no pisan cárcel, contratos entregados a cercanos, obras infladas y escándalos sin consecuencias.
En resumidas cuentas. Si tienes cargo, tienes fuero. Si tienes cercanía, tienes impunidad. La consecuencia es un país con instituciones que nadie respeta y ciudadanos que ya ni pierden tiempo denunciando.
UN PAÍS SIN SEGURIDAD
En orden y seguridad estamos en el lugar 132 del mundo. Homicidios, extorsión, territorios controlados por el crimen, policías que trabajan con miedo (o para el narco) y un Estado que simula control.
El índice no inventa nada. Sólo confirma que en amplias zonas gobiernan otros. Y mientras no haya seguridad real, no hay Estado de derecho posible.
En justicia penal estamos en el lugar 135. En justicia civil, en el 134. Significa juicios eternos, carpetas congeladas, jueces presionados y una justicia que llega primero para quien puede pagarla.
Aquí se podría justificar la reforma judicial, pero no olvidemos algo evidente. La justicia también depende de fiscalías y policías, y ambos fueron olvidados en la discusión legislativa.
LO QUE OTROS SÍ HACEN
Dinamarca, Noruega y Finlandia encabezan el índice. Y hacen algo sencillo pero radical. La ley se cumple. Si un político roba, cae. Si un criminal mata, paga. Si un periodista denuncia, vive. Y si el gobierno miente, la prensa lo exhibe sin miedo. Es la diferencia entre un país que exige cuentas y otro que lo simula.
México no está en el lugar 121 por mala suerte. Está ahí porque la ley no se respeta y sigue de adorno pese a las promesas de transformación.
Y el problema no es el índice. Es el Estado que permite la impunidad y mantiene al país viviendo bajo la ley del más fuerte.
EL DATO INCÓMODO
El Senado cerrará el periodo con sólo 16 reformas aprobadas, frente a las 105 del año anterior. Mientras la productividad legislativa cae, los sueldos y privilegios siguen intactos. Menos trabajo, más gasto. La historia de siempre.
