A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su rechazo a la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos con respecto a la demanda presentada contra fabricantes de armas en la Unión Americana.

El cuerpo colegiado estadounidense, puntualiza la comunicación oficial, sostuvo este jueves que “la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal”.

El argumento central, publicado en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, sostiene la Cancillería, “la Corte no se pronunció sobre el segundo argumento esgrimido por los abogados que representan a México, que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”.

Con esta decisión, subraya la SRE, “la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión”.

En ese sentido, enfatiza el documento, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente “expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de EU y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”.

México, asegura, “ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”.

Esta demanda, contextualiza la Cancillería, fue presentada por México en agosto de 2021 ante un juez de Distrito de Boston. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.

La decisión de la Suprema Corte, afirma la SRE, “no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”.

La dependencia concluye que las dos demandas presentadas por México, tanto en Massachusetts como en Arizona, “han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio, pues México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021”.

Actualmente, advierte la SRE, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema.