La opinión del relator especial de Naciones Unidas, quien calificó de ilegal el ataque contra Venezuela, resulta relevante incluso para sectores críticos del chavismo, pues una cosa es disentir de un régimen político y otra muy distinta avalar una acción militar extranjera que contraviene la Carta de las Naciones Unidas, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
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La mandataria expresó su rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro, al señalar que, más allá de cualquier diferencia ideológica o crítica a un gobierno, ninguna nación puede aceptar que una potencia utilice la fuerza para detener a un jefe de Estado, ya que se trata de una violación directa a la soberanía de los pueblos.
Sheinbaum afirmó que México no puede estar de acuerdo nunca con la invasión de un país, aun cuando existan acusaciones graves contra un gobernante, ya que dichas imputaciones deben atenderse mediante mecanismos internacionales y procesos legales, no a través del uso de la fuerza ni de acciones unilaterales.
En relación con la comparecencia de Nicolás Maduro ante autoridades estadounidenses, consideró que su postura como prisionero de guerra refuerza el debate sobre la ilegalidad de su detención, aunque reiteró que, incluso desde una posición crítica hacia su gobierno, no puede justificarse una intervención extranjera.
La presidenta rechazó las comparaciones que buscan equiparar el proyecto político mexicano con el chavismo, al señalar que el modelo nacional surgió de la historia y los procesos democráticos propios de México, y reiteró que la defensa de la no intervención y la soberanía constituye un orgullo nacional y un mandato constitucional.
Sheinbaum subrayó que la igualdad jurídica de los Estados implica que todas las naciones, independientemente de su tamaño, población, poder económico o capacidad militar, deben recibir el mismo trato en el ámbito internacional, lo que vuelve inaceptable cualquier intervención basada en la fuerza.
Recordó que la política exterior mexicana se ha edificado históricamente sobre la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, principios consolidados desde la Doctrina Estrada y que quedaron incorporados de manera explícita en la Constitución como una obligación del Ejecutivo federal.
Indicó que, a lo largo de su historia, México ha mantenido una postura consistente de respaldo a la soberanía de otros países, como ocurrió con el apoyo a la República Española, la condena a los golpes de Estado en Sudamérica y la participación en iniciativas diplomáticas para la pacificación de Centroamérica.
Explicó que el marco constitucional mexicano establece como ejes de la política exterior la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.




