RICARDO MONREAL 

El 28 de diciembre de 2023 vino a México una delegación de personas funcionarias de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, para conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cooperación bilateral en el tema migratorio.

En aquel acercamiento, las partes reafirmaron su compromiso para promover una migración ordenada, humana y regular. Esto incluye atender las causas raíz de la movilidad humana, como la pobreza y la violencia; extender los esfuerzos para interrumpir el tráfico de personas y las redes criminales, y buscar nuevas alternativas legales para la migración. También coincidieron en la importancia de cuidar el comercio bilateral en los cruces fronterizos. Acordaron que habrá una nueva reunión este mes para revisar avances y retos en la materia.

El año pasado, el número de encuentros de autoridades estadounidenses con personas que buscan atravesar su frontera sur de manera irregular sumó 2.5 millones de registros, un volumen récord. Entre tanto, en México se reportaron 686,732 “eventos” con migrantes irregulares de enero a noviembre, también una cifra atípicamente alta. La mayoría del grupo provenía de Venezuela, Ecuador, Haití, Guatemala y Honduras.

Después de la reunión de diciembre han ocurrido varios acontecimientos favorables para la colaboración fronteriza bilateral. El Gobierno de México tomó medidas para desalentar la caminata de una numerosa caravana que salió de Chiapas el 24 de diciembre. A estas personas se les ofreció la posibilidad de establecer su estancia legal en el país, aunque parte del grupo decidió seguir en su trayecto por Oaxaca para llegar al norte. Adicionalmente, México y Venezuela reiniciaron los vuelos de retorno asistido de migrantes.

Asimismo, el 2 de enero pasado Estados Unidos anunció la reapertura de cuatro puestos fronterizos de California, Arizona y Texas, que se cerraron días antes para enviar a oficiales a otros puestos de control que registraron demandas altas (atípicas) de trabajo. El bloqueo causó pérdidas millonarias en el comercio. De manera paralela, disminuyó el flujo de personas que intentan cruzar la frontera, tras un movimiento intenso en los meses anteriores. Esto se debe a varios factores: un componente estacional de menor movilidad en diciembre y enero, y las acciones que ambos Gobiernos llevan a cabo para atender las causas raíz del fenómeno.

Asimismo, en respuesta a las medidas del gobernador de Texas, Greg Abbott, en contra de la migración, la administración del presidente Joe Biden emprendió acciones para contrarrestar la política estatal. El Departamento de Justicia solicitó al Tribunal Supremo que los agentes federales puedan cortar los alambres de púas que Abbott mandó tender para evitar la entrada de personas extranjeras. También interpuso una demanda en contra de la legislación SB4 de Texas, firmada por el gobernador en diciembre de 2023, que convierte los cruces fronterizos irregulares hacia Texas en un delito estatal. Se alega que la ley es inconstitucional porque otorga facultades a autoridades locales para ejercer acciones migratorias, capacidad que es exclusiva del Gobierno federal. México expresó su rechazo a la implementación de estas leyes y también tomó nota de manera favorable de la respuesta del Ejecutivo estadounidense.

Mientras tanto, Nueva York y Chicago enfrentan dificultades por la llegada de autobuses y aviones que transportan a inmigrantes desde Texas. Los alcaldes de ambas ciudades se quejan de la falta de recursos y de que están desbordados ante una situación de emergencia. Por otra parte, sigue la negociación entre la Casa Blanca y un pequeño grupo bipartidista de senadores de un paquete que introduciría modificaciones a las leyes de asilo y seguridad fronteriza del país.

Como ya lo he señalado, México es un actor fundamental en la gestión migratoria en el continente. Debemos liderar la puesta en marcha de acciones, con diferentes plazos y esquemas, para garantizar a las personas la posibilidad de acceder a mercados de trabajo dignos, promover la permanencia en sus comunidades e implementar programas que permitan construir un enfoque productivo al envío de remesas, así como alternativas para la integración de las y los migrantes en sus destinos.

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