Sheinbaum “limitan los efectos generales de las sentencias y reducen la eficacia del mecanismo”, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

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Por ello, solicitó participar en las mesas del Senado de la República para garantizar que las reformas a la Ley de Amparo no afecten a los ciudadanos ni a quienes generan empleo, pues advirtió que “el proyecto de reforma abre la puerta al Poder Ejecutivo en la agenda judicial, poniendo en riesgo la independencia de los tribunales”.

Y es que, ante la reforma publicada el 13 de marzo de este año y los ajustes presentados el 15 de septiembre pasado por la presidenta Sheinbaum, el sindicato patronal advierte que algunas de las modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derechos en México y de la defensa ciudadana.

Por lo que el sindicato patronal refirmó su compromiso con el diálogo democrático y, solicitó formalmente participar en las mesas de trabajo que el Senado ya organiza para analizar las reformas a la Ley de Amparo.

“Representamos a miles de empresas en todo el país y consideramos indispensable que se escuche y atienda nuestra voz para fijar un posicionamiento que refleje las inquietudes y propuestas del sector productivo. Nuestra participación busca asegurar que cualquier cambio legal, en lugar de significar un retroceso, fortalezca el verdadero Estado de Derechos y preserve las garantías que protegen a los ciudadanos y a quienes generan empleo en México”.

Se observó que los cambios proponen que solo quien pueda demostrar una afectación directa pueda promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo, lo que reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas.

Al respecto, la Confederación señaló que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido clave para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad. México fue pionero en este modelo mucho antes que países como Austria o Alemania, y su fortaleza ha dado certeza jurídica para la inversión y la generación de empleos; “limitarlo significaría un retroceso histórico”.

Agregó que las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio; “esto dejaría a los ciudadanos expuestos a decisiones que podrían aplicarse de inmediato y sin control, generando criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica.

“El interés legítimo ha permitido que la justicia responda a realidades sociales y económicas, limitarlo significa un retroceso frente a la evolución constitucional. Si se restringe el interés legítimo, se corre el riesgo de que normas constitucionales sigan aplicándose porque nadie podría impugnarlas en representación del colectivo”.

La Coparmex advierte que debilitar el interés legítimo genera un escenario de mayor inseguridad jurídica, significa cerrar la puerta a derechos colectivos y se convierte en un recurso aislado y menos eficaz. Cada persona tendrá que litigar solo, con más costos y menos certeza para todos.

En el ámbito tributario, observa que la modificación al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, limitando el control judicial sobre la actuación del fisco.

“Para las empresas, esto representa un mayor riesgo de cobros prematuros que afectarían operaciones y empleos, dañando la economía nacional. Además, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora ajustes que podrían presionar políticamente a los magistrados bajo la apariencia de evaluaciones de desempeño y digitalización. La imposición de métricas de ética, productividad y estadísticas sin las debidas salvaguardas, puede mermar la independencia judicial”, advierte la Coparmex.

Agrega que la digitalización obligatoria puede excluir a personas y pequeñas empresas sin los recursos o capacitación tecnológica para litigar en igualdad de condiciones.

Asimismo, sostiene que las reformas elevan los requisitos para declarar inconstitucional una ley y otorgan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo la facultad de priorizar asuntos en la Suprema Corte, “esto abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales, debilitando la seguridad que necesita el país para atraer inversión y generar empleo”.

Por ello, la Coparmex hace un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar estas modificaciones, establecer un diálogo con la sociedad civil, organizaciones empresariales, academia y colegios de abogados, y garantizar que el amparo se preserve como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos.