La bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para que en el caso que la declaratoria de desafuero de las Cámaras se refiera a gobernadores o gobernadoras, diputados o diputadas locales, magistrados o magistradas de los tribunales de justicia locales, integrantes de los Tribunales de Disciplina Locales, integrantes de los órganos de administración judicial locales e integrantes de los organismos constitucionales autónomos locales se haga la notificación a la legislatura local respectiva, para que lleve a cabo de forma obligatoria e inmediata su materialización y cumplimiento en lo que se ordene o especifique en la resolución.

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Sin embargo, el legislador de Morena se manifestó en contra de la desaparición del fuero constitucional, en el marco de la reforma político-electoral que se analiza desde el gobierno federal, porque es una protección constitucional.

“No es conveniente la desaparición del fuero, sino el acotamiento del fuero, que el fuero sea una inmunidad parlamentaria a nuestro actuar como legisladores, a nuestro decir como mexicanos y ciudadanos, pero que se elimine la inmunidad procesal“, señaló.

En este sentido, subrayó que cualquier legislador que cometa un delito ajeno a su función parlamentaria no gozaría de la protección del fuero si esta figura se acota puntualmente.

Precisó que si se cometen delitos federales la Cámara de Diputados es la instancia para ello y recordó que hay casos en que los Congresos locales deben acatar la resolución que emita, pero en algunos casos, como el de Tamaulipas, no se ha cumplido, por lo que la ley debe aclararse en ese punto.

La iniciativa señala que cuando se determina la procedencia de la falta cometida por el servidor público al que se refiere existen obstáculos, siendo por lo regular de carácter político, más que jurisdiccional, por parte de los Congresos locales para ejecutar los dictámenes de procedencia emitidos o dictados por los plenos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

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“Se hace nugatoria y como consecuencia sólo queda en papel, sin que puedan ser materializados ante la falta de cumplimiento. Para que haya realmente un estado de derecho y siendo lo más importante el combate a la corrupción como un derecho humano intrínseco, resulta necesario que las declaratorias o resoluciones de procedencia sean cumplidas y ejecutadas en sus términos por conducto de los congresos locales, sin que para ello se invadan sus facultades o atribuciones”, sentenció.