Morena propone reformar Ley de Vivienda para darle carácter social

Plantea la creación de un banco de suelo y un parque público de vivienda en arrendamiento para garantizar el acceso


Ley de Vivienda
Valentina Batres va por vivienda digna y renta asequible. Foto: Cuartoscuro

La diputada local Valentina Batres propuso reformas legales para avanzar hacia un nuevo modelo de política habitacional, que asuma el derecho humano a la vivienda como un mandato vinculante y que propone la creación de un Banco de Suelo.

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La iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México señala que este banco será el encargado de la identificación, adquisición, gestión y reserva de suelo urbano o urbanizable con vocación habitacional, destinado preferentemente a la producción pública de vivienda, vivienda en renta asequible o proyectos de interés social con criterios de equidad territorial y para evitar la especulación inmobiliaria.

Para dar cabida al proyecto de vivienda impulsado por el gobierno federal y replicado por el gobierno capitalino, plantea incorporar como obligación de la política habitacional el fortalecimiento de la producción pública directa de vivienda, su financiamiento multianual y la creación de un parque habitacional en arrendamiento asequible con criterios de equidad territorial.

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También propone garantizar la aplicación efectiva de mecanismos de captura de plusvalías, para reinvertir en infraestructura habitacional, equipamiento urbano y servicios públicos en beneficio de las comunidades populares, y promover un enfoque de planeación democrática del territorio, que incorpore mecanismos de participación ciudadana vinculante en las decisiones de uso de suelo, programas habitacionales y definición de zonas de atención prioritaria.

De manera paralela, se creará el parque público de vivienda en arrendamiento, como un conjunto de inmuebles habitacionales construidos, adquiridos o gestionados directamente por el gobierno de la Ciudad de México para ser destinados a esquemas de renta asequible a largo plazo, con criterios de inclusión social y sustentabilidad.

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“Esto implica recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para planear, producir, regular y garantizar vivienda adecuada con criterios de inclusión social, justicia distributiva, sostenibilidad territorial y participación democrática“, dijo tras apuntar que se trata de promover la producción pública de vivienda como un eje estratégico de la política social urbana.