El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de las reformas a la Ley Aduanera, que tiene como objetivo acabar con el huachicol fiscal, aunque las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, porque, argumentaron, no resuelve de fondo este grave problema.

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El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol Antonio Altamirano, explicó que las modificaciones crean el Consejo Aduanero, que incluye a la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas, y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para reforzar el combate a la corrupción.

Además, facilita la celebración de convenios en materia informática y de tecnologías de la información con la Agencia de Transformación Digital, se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas, fortalece controles a los programas de facilitación aduanera como la importación temporal, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales, mejora las obligaciones en materia documental y aumenta los controles a las operaciones aduaneras.

De igual modo, se establece que los agentes aduanales deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias y asegurarse de que quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas.

Se suprimen las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales, añadiendo causales de suspensión de éstos, así como los casos en que no podrán solicitar la prórroga de la patente.

“Estas determinaciones son necesarias para combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando, la corrupción, avanzar en la justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas”, aseguró en tribuna.

El documento, que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la que se le hicieron modificaciones, tiene la finalidad de modernizar la Ley, tomando en cuenta las necesidades actuales del intercambio internacional y como parte de la estrategia para combatir la evasión y la elusión fiscal, la subvaluación y el contrabando. Entre los cambios que se aceptaron está que los agentes aduanales tendrán vigente su patente hasta 20 años, cuando el dictamen original marcaba 10 años.

Durante la discusión, el diputado priista Emilio Suárez Licona consideró que el dictamen lejos de corregir las fallas que permitieron el saqueo de 600 mil millones de pesos, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país y se justifica con el argumento de la modernización y digitalización, pero su diseño revela centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios.

La panista Blanca Leticia Gutiérrez Garza, mencionó que la reforma no combate el huachicol fiscal ni la corrupción, no beneficia la economía ni la seguridad del país, sino que golpea al comercio exterior, criminaliza a los agentes aduanales y empodera a una autoridad sin contrapesos dejando sin tocar los verdaderos focos de corrupción, y militariza aún más las aduanas y castiga al sector formal.