El gobierno federal ha dedicado varios días a hablar de Hernán Cortés y de lo ocurrido hace 500 años. Claro, esto lo hace convenientemente en medio de la crisis política por Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por EEUU.
Sin embargo, hay un asunto grave que deja pasar por alto mientras pronuncia discursos nacionalistas: las comunidades indígenas que huyen hoy por la violencia del narco.
EL PROBLEMA
El desplazamiento forzado interno representa dejar el hogar por violencia sin cruzar una frontera internacional, según fuentes especializadas. Y sí, la crisis no empezó este sexenio ni en el anterior, pero no quita que Morena ya casi cumple ocho años gobernando.
Y hoy tienen más de 20 estados, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y varias herramientas jurídicas a su disposición. Aun así, siguen abundando imágenes de familias escapando de sus comunidades.
Un informe de la Universidad Iberoamericana estimó casi 29 mil personas desplazadas en 2024, más del doble que en 2023. De este total, el 61% se concentró en Chiapas, seguido de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.
Este fin de semana, organizaciones reportaron entre 800 y mil familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, por ataques contra comunidades nahuas. Denunciaron ataques con armas largas y drones, dejando una estela de asesinatos y desapariciones.
Días antes, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, en Michoacán, reportó 668 personas desplazadas de cinco comunidades rurales con las mismas consecuencias.
Los casos no son pocos, ni menores o nuevos. En 2024 varias familias de Chiapas cruzaron hacia Guatemala por la violencia. En Tila, también en Chiapas, más de 4 mil personas huyeron tras ataques, quema de casas y saqueos. En Chihuahua, comunidades warijó y pima denunciaron expulsiones por drones y grupos criminales.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el desplazamiento golpea con mayor fuerza a pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños, familiares de desaparecidos y personas defensoras. En 2021, el organismo registró 14 episodios masivos que afectaron a 8 mil 174 personas indígenas.
La comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, en Oaxaca, es otra muestra de este grave problema. La CNDH reconoció en 2022 el desplazamiento de 144 familias por ataques iniciados a finales de 2020. En pleno 2026, siguen exigiendo retorno seguro.
EL ESTADO AUSENTE
Aquí es donde los discursos contrastan con las acciones. Y las excusas son pocas cuando Morena se ha dotado de herramientas para responder con la fuerza legítima del Estado. En 2022 se legisló para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública hasta 2028. Desde 2024, la Guardia Nacional quedó dentro de la Sedena. Sólo por mencionar unos ejemplos.
Pero también es importante resaltar la contradicción actual. Tenemos un gobierno federal que encuentra tiempo para hablar de Hernán Cortés, pero no logra construir una respuesta seria para pueblos indígenas que hoy dejan atrás sus hogares y su tierra por la violencia criminal.
Quizás no es prioridad para el gobierno federal porque el desplazamiento forzado carece de estadísticas oficiales que puedan medirse mes a mes. Pero basta estar atento a las denuncias que hacen las comunidades por distintos medios para saber que es un problema grave y urgente en nuestro país. Ahí se deberían reflejar los discursos nacionalistas.
EL DATO INCÓMODO
El gusano barrenador ya suma mil 682 casos en 25 estados, según cifras del gobierno federal. El brote se extendió y las medidas no alcanzan para frenarlo. Chiapas concentra 897 casos, seguido de Tabasco y Veracruz. Ya llegó el primer caso a la CDMX. Y en un mes pasaron de 84 a 601 casos activos.
