LA PROPUESTA
Es impulsada por la activista Samara Martínez Montaño; ella padece enfermedades crónicas graves y se convirtió en el rostro más visible del movimiento por la eutanasia en México. Y ha recibido respaldo de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PT y PVEM.
La iniciativa propone eliminar la prohibición expresa de la eutanasia en la Ley General de Salud y crear un nuevo capítulo que regule el procedimiento. También modifica el Código Penal Federal para evitar castigar a médicos que participen bajo las reglas de la ley.
El acceso estaría limitado. Sólo para mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, con enfermedad terminal o padecimiento crónico-degenerativo discapacitante sin cura, doble diagnóstico médico, información sobre cuidados paliativos, una solicitud formal ante notario y ratificación posterior de la voluntad. Es decir, no sería una decisión inmediata, sino un procedimiento con varias reglas.
A pesar del respaldo legislativo y de más de 128 mil firmas entregadas al Senado, la iniciativa no ha avanzado. Sigue detenida en comisiones, sin dictamen.
Entre las razones son la falta de opinión técnica de la Secretaría de Salud, diferencias entre legisladores, la cautela ante el choque entre autonomía y derecho a la vida, la oposición religiosa y bioética, y el costo político de un tema polémico.
EL ANTECEDENTE
Sobra decir que México no parte de cero en este tema. Desde 2008 existe la voluntad anticipada en la Ciudad de México, que permite rechazar tratamientos para prolongar la vida. En 2009, la Federación incorporó cuidados paliativos en la Ley General de Salud.
En 2017, la Constitución de la capital reconoció el derecho a una muerte digna, validado después por la Suprema Corte. Pero esa validación no convirtió a la eutanasia en un derecho federal.
En España hubo un caso que acaparó la atención internacional. Fue el de Noelia Castillo Ramos, quien sufrió una violación múltiple. Intentó suicidarse, pero sobrevivió. El impacto le dejó una paraplejia y dolor físico crónico.
Ella buscó la eutanasia al amparo de la ley vigente en ese país. Su petición fue impugnada por su padre, lo que convirtió su decisión en una batalla judicial y mediática. Tras evaluaciones médicas, revisiones legales y más de 600 días de proceso, recibió finalmente el procedimiento.
Otros países como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Colombia también permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones estrictas. Varios comparten reglas similares, como diagnósticos médicos, consentimiento informado y mecanismos de supervisión.
LAS CRÍTICAS
Hay sectores que sostienen que la vida no puede ser interrumpida de forma deliberada. También existe una crítica de fondo. En un sistema de salud con desigualdad, permitir la eutanasia podría convertirse en una salida ante la falta de atención adecuada.
Aunque la propia ley trasciende intenta responder a eso al plantear que la eutanasia sea complementaria y no sustituta de los cuidados paliativos.
Si bien en México ya se reconoce el derecho a morir sin sufrimiento en ciertos casos. Falta ver si el Congreso está dispuesto a ir más allá y permitir que una persona decida el momento de su muerte. Ese es el punto que los legisladores federales todavía no se atreven a resolver.
EL DATO INCÓMODO
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportó que, a dos meses del plazo final, sólo 19 de cada 100 usuarios han registrado su celular con CURP. El gobierno tendrá que decidir si endurece el registro o mejor acepta que la medida fracasó.
