Mientras escribo estas palabras, se lleva a cabo la elección judicial. Más allá del nivel de participación -aunque algunos reportes señalan que es baja-, lo que importa es lo que viene después.
Estamos hablando de un nuevo Poder Judicial, que nacerá entre los restos del modelo construido tras la reforma de Ernesto Zedillo en 1995. Un nuevo poder que, más allá de sus integrantes, operará bajo otra lógica: decisiones influidas por la popularidad y por el miedo. Miedo a ser sancionados, sea desde el Tribunal de Disciplina Judicial o desde Palacio Nacional.
Con esta elección culmina un proceso que comenzó el 1 de julio de 2018, cuando López Obrador ganó con una promesa: acabar con el viejo régimen. Y lo logró. No desde la retórica, sino desde el desmantelamiento sistemático de los contrapesos institucionales.
EL RÉGIMEN QUE MUERE
¿De qué hablamos cuando decimos que nace un nuevo régimen? De la captura de órganos autónomos como la Fiscalía General o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entregados a perfiles leales.
De la consolidación del modelo militarizado de seguridad: se disolvió la Policía Federal y nació la Guardia Nacional, que ahora responde a la Secretaría de la Defensa Nacional. A eso se suma la entrega de obras, empresas, aeropuertos y hasta aerolíneas a los militares. Una participación inédita, sostenida por presupuestos millonarios.
Del desmontaje del modelo educativo previo: adiós a las evaluaciones, a los méritos. La Nueva Escuela Mexicana es control ideológico con apariencia de pedagogía.
De la desaparición del Inai y otros organismos autónomos incómodos, como una clara señal de recentralización del poder.
Del control de la conversación pública: desde las mañaneras, la Presidencia impone la narrativa, acompañada de un ejército digital que acalla, amenaza o distorsiona.
Y ahora, de la última pieza: el Poder Judicial.
¿DEMOCRATIZACIÓN O CAPTURA?
Nos dijeron que esta elección es para democratizar la justicia. Pero lo que vimos fue otra cosa: la intención de someter al único poder que aún no respondía a la Presidencia.
El enojo del oficialismo era evidente: molestia por fallos que tumbaron la reforma eléctrica, el plan B electoral o la militarización de la Guardia Nacional. Pero no se conformaron con la Suprema Corte. También fueron por jueces y magistrados que frenaron el Tren Maya, el AIFA o decretos de interés nacional.
La reforma judicial no fue una reforma de justicia. Fue una reforma de poder. Un régimen sin contrapesos. Hoy, ese proyecto político controla: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, 23 gobiernos estatales y la mayoría de los 27 Congresos locales.
A eso se le llama poder absoluto. A eso se le llama nuevo régimen. Un régimen que no llegó por la fuerza, sino por el voto. Pero un régimen al fin.
¿Y LA OPOSICIÓN?
Algunos colaboraron, otros guardaron silencio. En esta elección judicial, ni siquiera se movilizaron. Su papel, según la Constitución, es ser vehículo de la representación ciudadana. Pero prefirieron no incomodar.
Ahí está Yunes Márquez, símbolo del naufragio. Ahí está un electorado que, aun harto del oficialismo, no encuentra una alternativa creíble.
Hoy el nuevo régimen tiene todo para eternizarse: poder político, presupuesto, Fuerzas Armadas, entre otros. La nueva historia de México tomó un camino sin retorno. Bienvenidos a un nuevo régimen de poder concentrado.
EL DATO INCÓMODO
Hacienda reveló que la deuda pública de México alcanzó $17.5 billones de pesos en abril. 134 mil pesos por mexicano. En 2018 era de $10.4 billones. Es decir, creció más de $7 billones. Es la cifra más alta en la historia del país.
