Es imperativo generar un ambiente propicio para la inversión para elevar los niveles de crecimiento del país, demandó el sector empresarial mexicano, al señalar que aumenta la incertidumbre y se reducen los índices de confianza empresarial.

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En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), indicó que la preocupación se centra en la política arancelaria, inseguridad pública e incertidumbre sobre la situación económica interna.

Asimismo, aseguró que la situación financiera del sector público sigue siendo una preocupación importante, por lo que reiteró que el país “requiere de un mayor ritmo de crecimiento de manera sostenida con el objetivo de mejorar el bienestar de la población”.

No dejó de observar que las causas sustanciales por la incertidumbre y la reducción de la confianza son, además de la desaceleración en la evolución de la economía, un posible estancamiento de la economía de los Estados Unidos y los posibles efectos de su política arancelaria, “pero la mayor preocupación se centra en los efectos que pueda tener la reforma judicial, sobre todo tras el gran abstencionismo que marcó la elección del poder judicial 2025”.

En este entorno, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que las expectativas continúan ajustándose a la baja, luego de que el Banco de México corrigió su pronóstico de crecimiento para ubicarlo en solo 0.1% para este año y de 0.9% para 2026, recordó.

Acusó que en abril pasado, los ingresos públicos disminuyeron 4.7%, por la baja de 17.1% en la recaudación por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) y la disminución de 2.6% en la del impuesto al valor agregado (IVA), “en un mes que se caracteriza por una mayor recaudación debido al periodo de la presentación anual de la declaración de impuestos de personas físicas”.

“Esto podría estar reflejando los efectos del debilitamiento de la actividad económica y la cautela del consumo, así como el deterioro del mercado laboral”, comentó.

Por ello, consideró esencial iniciar la instrumentación de una política económica que otorgue incentivos a la formación de capital humano y físico, a la inversión en innovación y tecnología y sobre todo a consolidar un Estado de derecho confiable y funcional.

“Si no hay certidumbre en el marco jurídico en el que operan los inversionistas, estabilidad en las reglas del juego, los niveles de inversión en México continuarán siendo insuficientes”, puntualizó el CEESP.