La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advierte que la reducción de la jornada laboral —incluso bajo esquemas de gradualidad— no es aplicable ni viable para el sector terciario mexicano, que opera bajo condiciones estructurales, laborales y productivas distintas al resto de la economía.

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Por ello, exige que “el sector terciario sea expresamente excluido de la reducción obligatoria de jornada laboral, ya sea inmediata o gradual, tal como permite el principio de progresividad previsto en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido por la propia OIT (Organización Internacional del Trabajo)“.

También, que se diseñen esquemas alternativos de fortalecimiento para el sector, que incluyan formalización, digitalización, estímulos fiscales, capacitación territorial y reformas que reconozcan la diversidad estructural de la economía mexicana.

Y se reconozca la heterogeneidad operativa entre sectores productivos al legislar en materia laboral, tal como recomiendan los principios de regulación inteligente, y se privilegie el diálogo estructurado con los territorios.

A diferencia de sectores industriales con procesos medibles por hora trabajada o producción automatizada, el comercio, los servicios y el turismo dependen del flujo constante de consumidores, de horarios extendidos y de atención al público durante fines de semana, días festivos y horarios nocturnos.

El organismo confederado aseveró que el 71.2% del empleo formal en México está concentrado en el sector terciario, con más de 33 millones de personas trabajadoras que operan en entornos altamente dinámicos, con márgenes estrechos, rotación de tareas y contacto directo con clientes.

“No se puede aplicar la misma lógica de reducción a quien depende del contacto directo con el cliente, esté en una tienda familiar o en una cadena nacional de autoservicio”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

“Una reforma sin realismo operativo ni diálogo territorial solo genera más informalidad, menor productividad y mayor incertidumbre para millones de negocios cumplidos”, insistió.

La Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que toda reforma de jornada laboral debe implementarse con base en las condiciones económicas, sectoriales y de productividad, evitando daños colaterales a sectores con alta intensidad de empleo.

En países como España o Alemania, las reformas laborales fueron precedidas por procesos extensos de consulta, inversión en formación laboral y políticas activas para sectores vulnerables.

“En México, en cambio, se propone una reducción sin diagnóstico técnico, sin ruta de implementación ni diferenciación entre ramas productivas. Incluso en sus grandes empresas, el sector terciario enfrenta altos costos operativos (energía, renta, transporte), regulaciones complejas (normatividad sanitaria, comercial y turística), alta carga fiscal, y plantillas orientadas al servicio —no a procesos fabriles-“, señaló.

Las reducciones de jornada sin ajuste de modelo implican reorganizar turnos, reducir ingresos por hora, debilitar la rentabilidad y forzar a muchos pequeños negocios a dejar la formalidad.

De ahí que la Confederación exige que el sector terciario sea expresamente excluido de la reducción obligatoria de jornada laboral, ya sea inmediata o gradual, tal como permite el principio de progresividad previsto en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido por la propia OIT.