Al negar que exista persecución política contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que este acusó al gobierno federal de utilizar investigaciones fiscales con fines partidistas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que todas las acciones emprendidas por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se fundamentan en la ley y en la obligación de hacer valer el Estado de derecho para todos, sin excepción.

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Aseguró que si la administración federal actuara con sesgo político, no habría razón para que empresas vinculadas con el propio Grupo Salinas participaran en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Dijo que el hecho de que el conglomerado reciba a beneficiarios de este esquema demuestra que no hay discriminación ni represalia.

“No hay ningún planteamiento de que este programa, que es para los jóvenes, no para las empresas, esté ahí; esa es la mejor demostración de que no hay un asunto político, sino jurídico y legal”, enfatizó.

Frente a las críticas del empresario, Sheinbaum señaló que quien politizó el asunto fue él mismo, al interpretar los procesos legales como un ataque.

Indicó que los procedimientos en curso no tienen relación con simpatías o diferencias ideológicas, sino con la observancia de la normatividad vigente.

La mandataria sostuvo que las investigaciones que involucran a Televisión Azteca y a sus filiales por presunto lavado de dinero cuentan con sustento legal y forman parte de un trabajo de largo plazo entre la UIF y la Secretaría de Hacienda.

Recordó que su administración no ha destinado recursos públicos en concepto de publicidad oficial a Televisión Azteca, al argumentar que no se puede asignar dinero del Estado a una empresa que mantiene adeudos fiscales con el propio gobierno.

Añadió que los procedimientos se encuentran en curso ante instancias judiciales y que las dependencias federales actúan conforme a derecho, sin sesgos partidistas.

Reiteró que las políticas de su gobierno en materia de comunicación social se rigen por criterios de austeridad y transparencia, y que las contrataciones con medios se evalúan conforme a su impacto social y cumplimiento fiscal.

“No se trata de castigar a nadie, sino de aplicar la ley de manera pareja”, insistió.