Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo et al.
Todos en desacuerdo con el anuncio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proyecta eliminar la prisión preventiva oficiosa. Todos presionando a los once ministros del máximo tribunal.
Esa herramienta legal de la que se ha abusado y que significa una especie de prisión sin condena y hasta sin juicio, sin proceso legal, por el simple hecho de presuntamente haber cometido algún delito.
Y aunque la ley señala que nadie puede estar encarcelado sin sentencia por más de dos años, se conocen decenas, centenas de casos de hombres y mujeres que ya hasta cumplieron una eventual sentencia en caso de ser hallados culpables ¡sin haber sido siquiera ejnuiciado!
Lo dijo el oportunista presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando visitó Santa Martha Acatitla y prometió a las mujeres que se analizaría esa figura jurídica que mantiene tras las rejas a centenares que, inclusive, podrían ser inocentes.
Expertos en leyes aseguran que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos fundamentales.
-Viola el debido proceso.
-Viola los derechos humanos.
-Viola la presunción de inocencia.
El problema es el sistema de justicia, que hiede, que lastima, que ofende, que atropella los derechos de las personas.
En la Suprema Corte hay dos proyectos, que se discutirán a partir del lunes 5 de septiembre. Se requieren ocho de once votos de los integran- tes del máximo tribunal.
Andrés Manuel ya presiona a priori. Pretende decidir si alguien debe o no estar en prisión. Se erige en juez.
Lo dijo en la mañanera de ayer y lo reiteró a través de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación por la tarde.
Ya hay tres votos a favor.
Los de los ponentes, los ministros Luz María Aguilar y Norma Piña, y el del presidente Arturo Zaldívar.
Y uno en contra, el de Jorge Mario Pardo Rebolledo, porque él promovió un proyecto en contra de los dos que se analizarán.
Hay un 3-1. Faltan cinco a favor.
La liberación de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto el viernes pasado, y la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, calentaron la discusión del tema.
Y lo hicieron, porque la prisión preventiva ha sido utilizada política- mente por todos los gobiernos, del color y tendencia que sean.
Robles era una presa política, sin duda, por la traición a Andrés Manuel en 2004, cuando se conocieron los videoescándalos y más.
Hoy se ha cambiado la ficha. Como en los memes en redes sociales:
“Cambio del equipo guinda (Morena): sale Robles (Rosario) y entra Murillo (Jesús).
Así la justicia, así la política. Y eso que son distintos.
Anoche, el ex procurador fue vinculado a proceso por lo que pasará fácilmente el resto del sexenio en prisión.
Son dos años.
Rosario pasó tres.
Vámonos: Otro escándalo en el Metro. Ahora, un trabajador atropellado en las vías del convoy. Jefe de Estación, en Tacuba. Lo dieron por usuario y hasta creyeron que era suicida. Eduardo Hernández.
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