EDUARDO VIZCARRA

Foto: Héctor Vega

Ciudad Victoria.- Aun con la mayoría de Morena en el Congreso local se tendría que dar el supuesto que yo cometiera algún delito de los que procedan la destitución, pero no por los exámenes de control y confianza que reprobé dijo el fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda.

Entrevistado al término de su comparecencia ante los diputados integrantes de la comisión anticorrupción y participación ciudadana aseguró que fue elegido bajo lineamientos de transparencia y democracia y en ese sentido no está contemplado renunciar al cargo.

Asimismo negó ser responsable de que se esté dando largas para que se aplique la justicia en las 47 denuncias que hay contra ex servidores públicos de la pasada administración panista.

“La próxima semana se estarán presentando ante un juez de control los expedientes para que de fecha y hora para la audiencia inicial”, y ” agregó que en esta semana terminarán de integrar la indagatoria y sin falta la próxima estarán solicitando audiencias ante un juez de control para judicializar las carpetas”.

En ese sentido el zar anticorrupción en Tamaulipas aseguró que no habrá impunidad por las presuntas irregularidades cometidas por los ex servidores públicos de la pasada administración incluido el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Por supuesto que no, no habrá privilegios”.

Luego de confirmar que también aparece involucrado García Cabeza de Vaca como parte de los 120 ex funcionarios señalados en las denuncias, el Fiscal Anticorrupción mencionó los delitos por los que se presentaron las 47 denuncias entre los cuales destacan coalición de servidores públicos, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, desempeño de funciones judiciales y administrativas, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho entre otros delitos.

Avalan diputados reformas para quitar protección a ex funcionarios.

En reunión de Comisiones del Congreso del Estado, se votó procedente reformar el artículo 19 BIS de la Constitución Política de Tamaulipas, para que se deje de brindar protección a exfuncionarios públicos una vez concluida su encomienda, ya que al pueblo tamaulipeco le cuesta al mes, más de 1 millón 100 mil pesos, solo por concepto de nómina.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado Isidro Vargas Fernández, mencionó que con estas modificaciones, se contempla que las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia, sólo perduren por el tiempo de su encargo.