Aida Ramírez / Ovaciones
Foto: Cortesía Alliance San Diego

Migrantes afectados por las acciones brutales de la Border Patrol o Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, demandaron al gobierno de aquel país, modifique las líneas de acción de dicha agrupación policial, pues este martes que cumple un siglo de existencia, resulta que no tiene en su haber ninguna carpeta de investigación abierta en su contra.

Es más, ante los comicios que se llevarán a cabo en ese país, y ante la posibilidad de que Donald Trump sea nuevamente presidente de Estados Unidos, Andrea Guerra, directora ejecutiva del organismo Alliance San Diego, señaló que “es un gran riesgo, pero el aumento más grande del uso de fuerza ha pasado bajo (el gobierno) el presidente (Joe) Biden. No se trata tanto de quién es presidente, tanto como la cultura de violencia e impunidad de la Patrulla Fronteriza”.

En tanto que al gobierno del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la candidata que resulte electa, le solicitan su apoyo e intervención para defender los derechos humanos de los mexicanos frente a la violencia de los agentes fronterizos.

Y es que aseveró que, cuando al menos de 2010 a la fecha la Border Patrol y un grupo interno de encubrimiento estaría involucrado en al menos 900 incidentes críticos en los que agentes fronterizos utilizaron la fuerza y alguien falleció o fue herido de gravedad.

De esos 900, alrededor de 200 serían mexicanos agredidos, indicó la Organización Alliance San Diego, que acompaña a María Puga, madre de cinco hijos y viuda de Anastasio Hernández Rojas, fallecido a manos del más grande grupo policiaco del vecino país del norte, precisamente el 28 de mayo de 2010, cuando salía de su departamento, y por el que se presentó una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es el primer caso que la Comisión revisa de una ejecución extrajudicial en Estados Unidos”, por lo que sólo se espera su fallo, que sentaría un importante precedente.
Así como Marisol García, quien recibió un disparo en la cabeza de uno de los elementos de la Border.

En conferencia de prensa, denunciaron que “a 100 años de inicio de operaciones de la Patrulla Fronteriza continúan los abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes”.

Como parte de la estrategia “Empieza con Dignidad/Start with Dignity”, que busca impulsar cambios legales en el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y poner un alto a las violaciones de derechos humanos de los migrantes, Andrea Guerra afirmó que nada ha cambiado en la Unión Americana.

Asimismo, dio a conocer que se envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde se señala que durante este sexenio “han fallecido por lo menos 27 connacionales atribuidos al uso de la fuerza por los agentes estadounidenses (pueden ser más, la nacionalidad de muchos no han sido identificados públicamente)”.

En la misiva, se indicó que “durante el último año, la tasa de abuso de la fuerza por agentes fronterizos estadounidenses aumentó de forma dramática con más de un mil incidentes registrados. Derivado de nuestro trabajo, existen al menos, dos poderosas razones que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas mexicanas por parte de los agentes fronterizos estadounidenses. Una se debe al uso excesivo de la fuerza y la otra, a la existencia de equipos de encubrimiento dentro de la Patrilla Fronteriza conocidos como ‘Border Patrol Critical Indicent Teams’ (CIT)”.

También, se señaló que en los 100 años de existencia de la Patrulla Fronteriza “ningún agente ha sido responsabilizado por matar y es muy raro que haya sido condenado por lesionar a algún miembro de la comunidad.

“Esto se debe, entre otras razones, a que EUA no limita el uso de la fuerza conforme a las normas y leyes internacionales”, aseveró Alliance San Diego.

No se dejó de señalar que al menos tres organismos de la ONU -Mecanismo de Expertos de la ONU sobre Justicia Racial en la Aplicación de la Ley, el Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre Racismo-, han condenado en el último año a las fuerzas del orden de Estados Unidos por discriminación racial, fuerza excesiva e impunidad