La constante corrupción e ineficiencia por décadas en México que derivó en inseguridad pública, en un país plagado de impunidad, en una nación con 80% de presencia de delincuencia organizada y cientos de municipios ingobernables, resultaría en el hallazgo de estos predios plagados de vestigios humanos.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, en la revista Nexos del 20 del mes y año en curso, nos señala los 10 campos de exterminio más grandes en México que se encuentran en seis estados de la República. En este contexto, tenemos un país ensangrentado, donde 120 mil familias viven en la búsqueda continua de sus desaparecidos. El autor mapeó con exactitud la ubicación de estos predios en las entidades de Baja California, Durango, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila.
De lo anterior, se colige que esta práctica no es propia ni del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni del Pacífico, ni del Golfo o de otros medianos o menores grupos criminales; representa una práctica cotidiana de la delincuencia organizada mexicana desde décadas atrás. Por ello, el abordamiento debe ser integral y multidisciplinario, algo que ningún gobierno ha podido entender aún.
Al parecer es ahora, en estos momentos, en este sexenio, cuando las presiones vienen del exterior, que salen y saldrán estas y otras sorpresas, así como la respuesta inesperada y desesperada del Estado mexicano para demostrar lo contrario, como lo han sido los 29 extraditados, las aprehensiones y aseguramientos en monto y calidad nunca vistas.
¿Qué información útil y valiosa pudieron y pueden arrojar estos detenidos? Suficiente para negociar la pena de muerte, la cárcel perpetua o, inclusive, si los abogados y la suerte están de su lado, así como la buena información, algunas décadas de pena o a hasta la impunidad como testigos protegidos bajo una nueva identidad en algún condado de los Estados Unidos.
Imaginemos que las agencias norteamericanas tienen 29 historias de la narcopolítica mexicana desde la década de los 80 que posiblemente vinculen a funcionarios y legisladores de primera línea del pasado, del presente y, ¿por qué no?, del futuro, que han protegido o protegerán el desarrollo de candidaturas de personajes de la política y la administración pública que han sido parte de la debacle mexicana en manos de la delincuencia organizada y que siguen impunes por más de 40 años.
Personeros que se han visto beneficiados no solo por millones de dólares con productos de procedencia ilícita, hoy dignos, sabios y emprendedores empresarios nacionales e internacionales, sino campañas enteras pagadas por los grupos señalados de delincuencia organizada.
Curiosa resulta, los que llevamos estudiando estos fenómenos de inseguridad, la transformación de algunos personajes que, de la nada, se crecen en la política, continúan en el mundo empresarial para terminar en lo social, en lo altruista, como grandes aportadores al desarrollo nacional.
Pareciera que es el momento de los destapes, pero de los corruptos e ineficientes que han hecho de nuestra patria un infierno. Sin embargo, la clase política se resiste; estamos siendo testigos de las vergonzosas culpas de unos a otros, partidos pasados, presentes, fusionados o coaligados que al final terminan siendo lo mismo con los mismos.
La información que estos 29 “objetivos prioritarios” están arrojando, disfrazada de investigaciones técnicas y científicas, con procesos profundos de inteligencia para la identificación y búsqueda de decenas de criminales nunca hallados, posiciona al gobierno actual como altamente eficiente y de resultados concretos.
Sin embargo, todos sabemos que la delincuencia organizada no prospera sin contubernio con los tres órdenes de gobierno y los tres poderes. ¿Dónde están esos aliados?, ¿los veremos acaso frente a la justicia? O México es solo un país de narcotraficantes y criminales con una clase política honesta y honorable, un país atípico, ¿no lo creen?
Bernardo Gómez del Campo, Asesor en seguridad integral.
@BGomezdelCampo
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