PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Los derechos humanos, las obligaciones, la aplicación de la ley y la misma democracia, no debe reducirse a un bonito discurso mediático, aseguró la diputada independiente, Andrea Vicenteño Barrientos.

Ante la presencia de jueces de Guatemala, de la Corte de Lima, magistrados y de la Barra Interamericana de Abogados, de la Facultad Interamericana de Litigación, A.C, encabezada por Rubén Pacheco Inclán, exhortó a revalorizar la labor legislativa.

Manifestó que los derechos humanos, son universales y no se dividen ni por colores ni por ideologías.

En auditorio Benito Juárez, del Congreso de la Ciudad de México, conminó a impulsar juntos el respeto a la Carta Magna.

El respeto a la Constitución, hoy en día, ante situaciones cotidianas, debe ser la bandera de la ¡Juventud!, precisó.

Entender, dijo, la presidenta de la Comisión de Juventud, que tenemos no sólo derechos, sino también ¡Obligaciones! Que cumplir.
En ese sentido, Pacheco Inclán, coincidió con la legisladora para que la juventud tenga acceso a las leyes.

Después de criticar la poca objetividad en la aplicación del derecho de algunos jueces, precisó:

“El juez no es intocable ni dueño de una audiencia, por ello, debemos demandarles sentencias sin cargas subjetivas ni odios personales”.
Considero necesario que los tópicos del derecho se acerquen a la población al conocimiento generalizado.

Mónica Díaz Escobar catedrática de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UNIPOL), se refirió a la violencia digital y a grupos vulnerables ante la era tecnológica.
La ponente aseguró que se requiere de políticas públicas para garantizar y equilibrar el acceso de diversos grupos a la tecnología digital.

Alertó de riesgos, sobre todo por ciber acoso, que exige control de contenidos en internet.

Dijo que aún existe una brecha digital de género, pero también se ha intensificado las agresiones contra mujeres en internet.

Lo que obliga, subrayó, a aplicar estrategias y sobre todo proteger a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los peligros a que se enfrentan por el uso de la tecnología digital.

Verónica Sánchez de Tagle Pimentel, especialista en el sistema acusatorio actual y justicia constitucional, subrayó que los juristas “debemos capacitarnos” para no cometer errores en una sentencia.

Manifestó la necesidad de conocer de fondo la diferencia entre un proceso legal escrito y uno oral.

También se refirió a la capacitación de los jueces y la argumentación legal, que debe vincularse entre la razón y la prueba.

Al dar la palabra, Adriana Arroyo Cuevas, directora general de la Facultad Interamericana de Litigación, a Rubén Francisco Pérez Sánchez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, reveló cifras sobre la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, precisó que de 2009 a la fecha, se declararon seis mil 134 ordenamientos inválidos.
Criticó que hay un “engolosinamiento” con la constitución.