El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que durante la reunión privada que sostuvo este lunes con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no se habló del caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien fue nombrado en 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de la entidad, y que ahora enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora.

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“No hicimos mayor comentario sobre eso. No hablamos del tema Adán Augusto ni del caso Tabasco. Fue una reunión de amigos“, aseguró al ser cuestionado sobre si el tema fue parte de la conversación.

Argumentó que el encuentro se dio sin agenda previa ni intención de hacerlo público. “Nos preguntan por qué no avisamos. La verdad es que ni se me ocurrió. Fue una charla entre compañeros. Hacía tiempo que no platicábamos. Nos conocimos durante el proceso interno en la Ciudad de México, a través de Manuel Velasco, y desde entonces construimos una relación personal, no sólo política”.

Fernández Noroña incluso dijo que la fotografía del encuentro fue improvisada y sin fines oficiales y que prueba de ello era que “nos cortaron los pies en la foto. Estoy por mudarme de oficina y todavía hay cuadros en el suelo. Si les contara lo que sí hablamos, sería nota de primera plana”.

Durante la conferencia de prensa que ofreció tras el encuentro, Fernández Noroña destacó el trabajo de García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y refrendó su respaldo a la estrategia nacional impulsada desde el Ejecutivo e informó que la iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave ya fue enviada a la Cámara de Diputados.

“La extorsión es uno de los delitos más sensibles en todo el país. Esta reforma busca sancionar con mayor fuerza a quienes cometen esta práctica y desalentar su crecimiento. Forma parte de una estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y operada directamente por el secretario García Harfuch. No esperamos un periodo extraordinario, pero el trámite ya inició”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado también se refirió a los informes que las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad entregaron recientemente al Poder Legislativo sobre las acciones realizadas de noviembre a mayo, incluyendo temas como el combate al robo de combustible y el tráfico de armas.

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En este punto, dijo que serán analizados por las comisiones correspondientes y que aún está pendiente integrar la comisión bicameral para dar seguimiento al trabajo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“Tenemos tareas por resolver. Esa comisión debe instalarse ya. Mientras tanto, las comisiones de Seguridad y de Defensa en ambas cámaras revisarán el informe. Nuestro objetivo es dotar de herramientas jurídicas sólidas a las instituciones para seguir avanzando”, dijo.

En cuanto a las críticas en torno a las reformas que han sido calificadas por sectores de la oposición como una “ley espía“, el presidente del Senado reiteró que no se busca realizar ningún tipo de espionaje en contra de la ciudadanía, contrario a lo que aseguró dijo que ha hecho la oposición cuando gobernaban al país.

“Decir que vamos a espiar es francamente ridículo. Los gobiernos del PRI y del PAN sí lo hacían. Usaban Pegasus y otros métodos para intervenir llamadas sin ningún control legal. Nosotros no lo hicimos, no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es darle un marco jurídico claro, con límites y responsabilidades, a instrumentos que sólo se usarán con orden judicial y en casos vinculados al crimen organizado“.

Afirmó que la polémica está basada en una tergiversación de lo que realmente plantean las reformas, al señalar que “el león cree que todos son de su condición. Nosotros padecimos esas prácticas ilegales en carne propia”.

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Dijo que ahora, con la reforma, hay controles, responsabilidad pública y una finalidad legítima, que es enfrentar a las organizaciones criminales y no es vigilancia política ni discrecional, sino fortalecer al Estado con herramientas legales y supervisadas.