La Fiscalía reporta 22 de 23 casos judicializados, mientras la búsqueda de Anameli García Gámez y las exigencias de las familias siguen sin respuesta definitiva
Brugada presume judicialización de feminicidios y búsqueda de Anameli García

Por: Pilar Mansilla
El Gobierno de la Ciudad de México defendió los resultados de su estrategia contra la violencia de género al informar que 22 de los 23 feminicidios registrados este año ya fueron judicializados, en medio de los cuestionamientos por el aumento de las investigaciones y los reclamos de familiares de personas desaparecidas.
Avances en la judicialización de feminicidios en la capital
En conferencia de prensa, durante la presentación del informe mensual de seguridad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al adelantar que será hasta agosto cuando su administración dé a conocer un informe sobre las personas desaparecidas en la capital del país, afirmó que todas las muertes violentas de mujeres se investigan bajo el protocolo de feminicidio y explicó que, aunque de enero a mayo se iniciaron más investigaciones que en el mismo periodo anterior, la cifra permanece por debajo de la registrada en años previos.
Al señalar que durante el Mundial el C5 recibió 391 llamadas de emergencia por violencia familiar, 166 el sábado y 225 el domingo, Brugada reconoció que este tipo de agresiones suele incrementarse durante acontecimientos deportivos y afirmó que la estrategia de seguridad feminista se mantuvo activa para atender los reportes y evitar que la violencia escalara.
Búsqueda y líneas de investigación en desaparición de Anameli García Gámez
La desaparición de Anameli García Gámez mostró, sin embargo, el contraste entre las cifras presentadas por las autoridades y la incertidumbre que enfrentan las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
De acuerdo con la fiscalía, fue vista por última vez en la zona del Pico del Águila, en el Ajusco, y las líneas de investigación van desde un posible extravío, un accidente en la montaña hasta la posibilidad de que haya sido víctima de un delito cometido por una persona conocida o por alguien que aprovechó que se encontraba en el lugar.
La fiscal general de Justicia, Berta Alcalde Luján, explicó que el caso se investiga con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y con la información aportada por la familia y personas cercanas a la joven. Detalló que se han realizado decenas de entrevistas, cientos de actos de investigación y numerosas búsquedas para reconstruir lo ocurrido y agotar cada una de las hipótesis.
Por su parte, el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que las primeras acciones comenzaron tres horas después de que el padre de Anameli llamó al 911.
Señaló que los equipos ascendieron a más de tres mil 900 metros en la zona del Pico del Águila para descartar que hubiera sufrido un accidente, mientras se ampliaban las indagatorias hacia las personas que estuvieron en el Ajusco, su círculo cercano y quienes tuvieron contacto con ella antes de su desaparición.
Desde entonces se han realizado más de 440 acciones de búsqueda e investigación, más de 70 entrevistas ministeriales y 30 megaoperativos. Durante los primeros 20 días participaron mil 268 servidores públicos y, hasta ahora, más de seis mil funcionarios han intervenido en las labores, además de instalarse un campamento permanente encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en días recientes se reunió con la madre de Anameli para conocer los avances de la investigación y expresó su solidaridad con la familia y señaló que la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda y otras instancias del Gobierno capitalino mantienen abiertas las líneas de investigación y continuarán con los trabajos de búsqueda hasta localizarla.
En cuanto a los delitos de feminicidio, dijo que el objetivo es llegar a cero y evitar que las agresiones contra las mujeres queden impunes aunque admitió que la respuesta institucional debe comenzar antes de la judicialización, con la detección oportuna de la violencia y la protección de quienes se encuentran en riesgo.
Alcalde Luján, en este sentido, reconoció que el delito continúa ocurriendo, por lo que las acciones de las autoridades deben comenzar desde la prevención de la violencia familiar y no únicamente cuando se consuma la agresión. Informó que, de los 23 feminicidios registrados, 22 ya fueron judicializados, lo que representa una efectividad superior al 95 por ciento.
La fiscal agregó que durante junio fueron vinculadas a proceso 70 personas relacionadas con homicidio y feminicidio, además de obtenerse una sentencia de 70 años de prisión por ese delito.
Explicó que la dependencia también revisa las agresiones extremas contra mujeres para evitar que sean clasificadas únicamente como violencia familiar cuando existen elementos para investigarlas como tentativa de feminicidio.