Aprueba Congreso local prohibición de celulares en escuelas de educación básica

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad prohibir el uso de teléfonos celulares en las primarias y secundarias capitalinas, y también tipificar el delito de phishing o robo de datos personales en el Código Penal local, que se castigará hasta con seis años de prisión.

En el primer punto, se regula la utilización de dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica y también se incorpora el principio de aprendizaje digital responsable y de corresponsabilidad para que maestras, maestros y tutores de los alumnos participen en la promoción del uso responsable de los celulares.

La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo explicó que reforma modifica los artículos 7, 9, 64 y 129 a la Ley de Educación de la Ciudad de México para regular la utilización de dispositivos, y para que maestras, maestros y tutores de los alumnos participen en la promoción del uso responsable de los celulares. 

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La legisladora de Acción Nacional precisó que además, se fortalecen las facultades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) en torno a esta regulación, que permitirá un mejor aprendizaje de la comunidad estudiantil. 

La diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto, promovente de la iniciativa, precisó que 75% de los maestros consideran que los estudiantes se distraen con los celulares, y que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de delitos como el ciberacoso o explotación sexual a través de redes sociales o juegos. 

El diputado perredista Pablo Trejo Pérez aseguró que se debe garantizar un uso responsable y orientado al aprendizaje con estos dispositivos, ya que su utilización indiscriminada afecta la convivencia escolar y los procesos de enseñanza.

Phishing como delito

En el otro tema, el diputado Alberto Martínez Urincho dio a conocer la fundamentación del dictamen sobre la tipificación del delito de phishing en el artículo 231 del Código Penal capitalino, que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que él preside. 

Expuso que el creciente uso de la tecnología también ha generado un aumento de los llamados fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables. 

La iniciativa define al phishing como el delito de quienes lanzan un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas. 

Martínez Urincho indicó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75%.

Asimismo, Urincho añadió que esto equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día. 

La diputada Olivia Garza de los Santos, impulsora de la reforma, subrayó que este delito afecta principalmente a las personas adultas mayores, y que la seguridad no se construye únicamente en las calles, sino también en los espacios digitales. 

El phishing es la acción de emplear el engaño digital para inducir a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con el objetivo de obtener un beneficio indebido para causar un perjuicio, conducta que ameritará de tres a seis años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de multa.

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