Diputada Olivia Garza presentó denuncia para investigar fallecimientos y posibles negligencias.
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¿Qué pasó en Santa Martha Acatitla? PAN exige esclarecer la muerte de seis mujeres
La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió investigar la muerte de seis mujeres en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, que se registraron en un periodo de apenas tres meses y demandó que se tiene que investigar la posible responsabilidad de autoridades penitenciarias.
PAN presenta denuncia por muertes en penal femenil
La diputada Olivia Garza de los Santos dio a conocer que ya presentó una denuncia de hechos para que se esclarezcan los fallecimientos de Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, ocurridos entre el 12 de marzo y el 12 de junio.
"Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal no puede verse como una estadística más. No es normal, no puede normalizarse y alguien tiene que responder por lo que está pasando en Santa Martha Acatitla", señaló.
Autoridades penitenciarias bajo escrutinio
La diputada lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando como si se tratara de acontecimientos aislados y sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre lo ocurrido.
La diputada panista precisó que las autoridades no pueden guardar silencio frente a una cadena de muertes dentro de un espacio que se encuentra completamente bajo control del Gobierno, por lo que pidió una investigación seria que determine si existieron fallas en protocolos, supervisión, atención médica o vigilancia.
"Santa Martha Acatitla no puede convertirse en un lugar donde las mujeres entran bajo custodia del Estado y salen sin vida. La autoridad debe explicar qué pasó, quién falló y qué se hará para que no vuelva a ocurrir", insistió.
En este sentido, Garza advirtió que, en el caso de Diana Laura, se encontraba a días de recuperar su libertad sin embargo fue hallada sin vida en la zona conocida como el Módulo.
Y acotó que llama la atención que las autoridades penitenciarias reportaron su fallecimiento como un suicidio, situación que deberá investigarse a fondo para descartar omisiones, negligencias o responsabilidades institucionales.
"La puerta de una celda no cancela los derechos humanos. Cuando una persona está privada de la libertad, el Estado tiene la obligación absoluta de proteger su seguridad, su integridad y su vida", concluyó.
