Un análisis del despacho Steptoe advierte que las medidas del Departamento del Tesoro amplían la vigilancia sobre bancos, transportistas y empresas con operaciones entre México y Estados Unidos.
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Alerta de EU coloca al huachicol fiscal en el radar financiero
Por: Roberto Cortez
El combate al huachicol fiscal dejó de concentrarse únicamente en investigaciones penales y sanciones económicas. Un análisis publicado este lunes por el despacho estadounidense Steptoe sostiene que las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporan al sistema financiero como una pieza clave para detectar y reportar operaciones vinculadas con el contrabando de combustibles entre ambos países.
La firma, dedicada a asesorar a empresas en materia de sanciones internacionales y cumplimiento regulatorio, revisó las acciones anunciadas el 30 de junio por el Departamento del Tesoro, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para Steptoe, el alcance de esas medidas va más allá de las sanciones, ya que ese mismo día la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de este tipo de operaciones.
El despacho destaca que FinCEN informó haber recibido más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) relacionados con esquemas de contrabando de combustibles y evasión fiscal, que en conjunto representan más de 7 mil millones de dólares en operaciones reportadas desde la emisión de la primera alerta sobre este fenómeno en mayo de 2025. La cifra corresponde a movimientos identificados por instituciones financieras como potencialmente irregulares y no implica, por sí misma, que los recursos tengan un origen ilícito acreditado.
A partir de esa información, FinCEN actualizó la guía dirigida a bancos, transmisores de dinero y otros sujetos obligados para identificar patrones asociados con el huachicol fiscal. La alerta incluye indicadores sobre empresas fachada, manipulación de documentos aduaneros, triangulación de pagos, operaciones comerciales inconsistentes y otros mecanismos utilizados para ocultar el origen o destino de los recursos.
Desde la óptica de Steptoe, estas medidas incrementan las obligaciones de cumplimiento para bancos, comercializadoras, transportistas, empresas energéticas y cualquier compañía con operaciones entre México y Estados Unidos.
El despacho recomienda revisar procedimientos internos, fortalecer los controles de debida diligencia y prestar atención a las nuevas señales de alerta emitidas por FinCEN, al considerar que el contrabando de combustibles se ha convertido en un área prioritaria para la supervisión financiera del gobierno estadounidense.
Coordinación interinstitucional para combatir el contrabando de combustibles
La actualización del despacho pone de relieve un cambio en el enfoque regulatorio de Washington: además de perseguir penalmente a las redes de huachicol fiscal, las autoridades buscan que el sistema financiero contribuya a identificar y documentar las operaciones que podrían estar relacionadas con estos esquemas mediante los mecanismos ordinarios de prevención de lavado de dinero.
La advertencia del despacho coincide con un endurecimiento más amplio de la postura del gobierno estadounidense frente al robo y contrabando de combustibles. El 23 de junio, el Joint Counterterrorism Assessment Team (JCAT), integrado por el Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI, publicó un boletín en el que identifica al huachicol como una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos designados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). El documento plantea que combatir estas redes exige la participación coordinada de autoridades, empresas energéticas, transportistas, operadores ferroviarios y administradores portuarios.
En menos de una semana, distintas dependencias estadounidenses colocaron el huachicol en tres frentes distintos: la inteligencia antiterrorista, la supervisión del sistema financiero y el régimen de sanciones económicas. Para Steptoe, ese conjunto de medidas amplía las obligaciones de cumplimiento para las empresas que participan en operaciones de comercio, transporte y almacenamiento de combustibles con vínculos transfronterizos.
