Cámara de Diputados estudia ley para regular la inteligencia artificial

Con el fin de regular el desarrollo, puesta a disposición, implementación, operación y supervisión de los sistemas de inteligencia artificial en el territorio nacional, con enfoque de derechos humanos, seguridad, transparencia e innovación responsable, la Cámara de Diputados ya estudia la propuesta de Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta de la fracción del PRI, señala que la Ley sería aplicable a autoridades, dependencias y entidades de cualquier orden de gobierno que desarrollen, adquieran o utilicen sistemas de inteligencia artificial (IA).

También a personas físicas o morales que la desarrollen, comercialicen, distribuyan, integren o utilicen en México, y sistemas de IA cuyos resultados produzcan efectos en el territorio nacional.

Además de que la iniciativa impulsa la creación de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial como nuevo organismo público autónomo encargado de supervisar, verificar y sancionar el uso de IA en México.

También el Registro Nacional de Sistemas de IA de Alto Riesgo, el cual será la base oficial administrada por la autoridad para registrar sistemas de IA considerados de alto riesgo.

En la iniciativa de las diputadas del PRI, Ana Isabel González y Mónica Sandoval Hernández, se busca prohibir usar IA para suplantar identidad o atribuir expresiones falsas con la finalidad de causar daño, fraude o violencia; para decisiones laborales con efectos discriminatorios o sin posibilidad de revisión humana.

Así como emplear IA para explotación, abuso o violencia contra menores, generación o difusión de contenido sexual o degradante de menores y cualquier práctica que ponga en riesgo su integridad.

Medidas y sanciones contempladas en la iniciativa

Puntualiza que el Estado promoverá investigación, desarrollo e innovación en IA con enfoque ético y beneficios sociales. La Agencia promoverá programas de alfabetización y capacitación para los sectores público, privado, educativo y social, priorizando seguridad y derechos, y las adquisiciones gubernamentales de IA deberán exigir evaluación de impacto, transparencia y cláusulas de auditoría y seguridad conforme a lineamientos.

En cuanto a las infracciones, se indica que en esta Ley se clasificarían en leves, graves y muy graves, conforme al riesgo, daño causado, intencionalidad, reincidencia y cooperación.

Las sanciones podrían consistir en amonestación, multa, suspensión temporal, clausura o retiro, inhabilitación para operar sistemas de alto riesgo por un periodo, publicación de sanción firme, y medidas de reparación y corrección.

Considera de alto riesgo, entre otros, los sistemas de IA usados en salud, diagnóstico o triage, educación con efectos de evaluación o acceso, empleo (reclutamiento, evaluación, permanencia o despido).

En seguridad pública, vigilancia focalizada o análisis predictivo; justicia (apoyo a decisiones jurisdiccionales o ministeriales); servicios esenciales (crédito, seguros, vivienda, servicios públicos), e identidad, biometría o verificación de personas, entre otros.