Buscan frenar el despojo patrimonial contra adultos mayores en México

El despojo de viviendas, propiedades y recursos económicos contra personas adultas mayores se ha convertido en una problemática que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la población, muchas veces a manos de familiares o personas cercanas que aprovechan su condición para apropiarse de bienes y patrimonio acumulados durante años.

Senadores del PT presentan punto de acuerdo para proteger a adultos mayores

Para enfrentar esta situación, senadores del Partido del Trabajo presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y erradicación del abandono, la violencia, el abuso, el maltrato y el despojo patrimonial contra este sector.

La propuesta fue impulsada por Alberto Anaya Gutiérrez, Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, quienes advirtieron que este tipo de conductas continúa creciendo sin que reciba la atención suficiente, pese a las afectaciones económicas, emocionales y sociales que provoca en las víctimas. El asunto fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis.

Violencia familiar y consecuencias del despojo patrimonial

Como parte de la argumentación del punto de acuerdo, los senadores destacaron que la violencia contra las personas adultas mayores ocurre principalmente dentro del hogar y es que, de acuerdo con los datos citados en el documento, el 87 por ciento de los reportes recibidos se registró en el entorno familiar, donde las hijas e hijos aparecen como los principales agresores.

Los legisladores advirtieron que esta problemática no sólo representa una pérdida patrimonial para las víctimas, sino que también vulnera su integridad física y emocional, afecta su dignidad, limita el ejercicio de sus derechos humanos y deteriora su calidad de vida.

Además del fortalecimiento de las acciones asistenciales y preventivas, los legisladores solicitaron a las fiscalías de las 32 entidades federativas reforzar las tareas de prevención, protección, investigación y sanción de los delitos cometidos contra personas adultas mayores, con el propósito de garantizar una atención especializada, oportuna, digna y libre de discriminación.

Entre los casos documentados que acompañan la propuesta se encuentran situaciones en las que personas de la tercera edad han sido obligadas a abandonar sus hogares, privadas del control de sus recursos económicos o sometidas a presiones para transferir propiedades, cuentas bancarias y otros bienes a familiares, conocidos o terceros.

Sostienen que resulta inadmisible que continúen registrándose casos de despojo y aislamiento social contra las personas adultas mayores, por lo que consideraron necesario fortalecer los mecanismos institucionales de protección y garantizar respuestas más efectivas por parte de las autoridades.

Añadieron que la protección de este sector no debe entenderse únicamente como una obligación jurídica del Estado, sino también como un imperativo ético y social que exige garantizar acceso efectivo a la justicia, atención especializada y condiciones que permitan a las personas adultas mayores vivir con seguridad y dignidad.