Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wall Street Capital, regresa al Altiplano

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Juan Carlos Minero Alonso, accionista principal y propietario de la financiera Black Wall Street Capital, regresara al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, "Altiplano", al revocarse el beneficio de prisión preventiva domiciliaria que le había sido concedido.

Investigación y vínculos con el Cártel de Cali

En 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la empresa presuntamente mantenía operaciones financieras con otra sociedad relacionada con el entorno del presunto operador financiero del Cártel de Cali.

Ahora, la FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que Minero Alonso continúe sujeto a prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad, donde enfrenta proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Revocación de prisión domiciliaria y medidas cautelares

En octubre de 2025, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, una jueza autorizó que la prisión preventiva justificada se cumpliera en el domicilio del empresario, al considerar la hipótesis de enfermedad grave.

Además, le impuso la prohibición de salir del país, el uso de un localizador electrónico, vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica; sin embargo, el Ministerio Público Federal impugnó esa resolución y obtuvo que la medida cautelar volviera a cumplirse en el CEFERESO número 1, "Altiplano".

La investigación se inició en 2022 a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Juan Carlos Minero Alonso, otras personas y tres empresas, al considerar que entre 2018 y 2022 presuntamente utilizaron diversas sociedades mercantiles como empresas fachada para dispersar y triangular recursos.

En junio de 2023, cuando Ernestina Godoy Ramos encabezaba la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, entonces coordinador general de Asesores de la institución, informó que las investigaciones realizadas con apoyo de agencias extranjeras permitieron detectar que Black Wall Street Capital presuntamente mantenía operaciones financieras con otra empresa relacionada con Liliana María "N", pareja sentimental de Eduardo Fernando "N", identificado por la Fiscalía capitalina como presunto operador financiero del Cártel de Cali.

Asimismo, señaló que la financiera tenía como accionista principal a Juan Carlos Minero Alonso, a quien la FGJCDMX imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente intentó transferir esos recursos a otra empresa.

En ese momento, Lara López dijo que también fueron detectadas posibles transferencias millonarias que no habrían sido reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Detalló que una de las cuentas registró depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por un monto similar. Además, de julio de 2021 a enero de 2022 otra cuenta concentró depósitos cercanos a mil 750 millones de pesos y retiros por poco más de mil 700 millones.

En otra cuenta recibió más de 14 millones de dólares y realizó retiros por cerca de 100 millones de dólares, además de operaciones por casi 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

Precisó que de enero a junio de 2021 la empresa recibió transferencias internacionales por casi 12 millones de dólares, principalmente procedentes de China. Asimismo, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 recibió cerca de un millón y medio de pesos y posteriormente envió prácticamente la misma cantidad.

Ulises Lara López indicó que Black Wall Street Capital presuntamente realizó operaciones con empresas incluidas en los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como emisoras de comprobantes de operaciones inexistentes, conocidas como "factureras", al carecer de activos, personal o infraestructura para prestar los servicios que facturaban.

Las investigaciones también identificaron transferencias internacionales presuntamente irregulares realizadas entre 2018 y 2022, periodo en el que la empresa envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más de 470 mil libras esterlinas, alrededor de 58 mil francos suizos y casi 130 millones de dólares estadounidenses, además de recibir poco más de nueve millones de dólares.

Expuso que, de 2015 a 2021, Juan Carlos Minero Alonso presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las que reportó ingresos acumulables por casi 84 millones de pesos y deducciones autorizadas por casi dos millones de pesos. Además, observó la deducción total de sus ingresos, con lo que declaró pérdidas fiscales.

Ulises Lara López señaló que la información recabada establecía un posible esquema de operaciones financieras millonarias irregulares, tanto a nivel nacional como internacional, que apuntaba a la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Añadió que Black Wall Street Capital no presentó denuncia por el dinero que afirmaba le había sido robado ni entregó documentación que acreditara el origen lícito de esos recursos, por lo que la Fiscalía capitalina sostuvo que no pudo comprobar la legalidad del numerario.

Respecto de las irregularidades denunciadas durante el cateo practicado en las instalaciones de la empresa, dijo que, aunque autoridades judiciales determinaron el sobreseimiento de esa causa penal y ordenaron la libertad de los imputados en ese expediente, la Fiscalía sostuvo que los datos de prueba relacionados con las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita eran independientes de esas anomalías procesales, por lo que las investigaciones continuarían en coordinación con autoridades federales.

Finalmente, en ese momento, informó que tanto los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que participaron en el cateo como el agente del Ministerio Público que coordinó la diligencia quedaron sujetos a investigación por las posibles irregularidades detectadas.