FGR investiga fraude de más de 4 millones tras detención de Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, fue detenido como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red de contrabando de combustible que ocasionó un perjuicio superior a cuatro mil 456 millones de pesos a la Hacienda Pública mediante la importación irregular, distribución y comercialización de derivados del petróleo, la evasión de contribuciones y el uso de estructuras financieras para ocultar recursos ilícitos.

Detención y órdenes de aprehensión en la red de contrabando

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez federal libró 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización. Precisó que cinco ya fueron cumplimentadas, entre ellas la de Ruffo Appel y cuatro personas más, mientras continúan los operativos para ejecutar los 20 mandamientos judiciales restantes.

Indicó que el exgobernador fue detenido en Ensenada, Baja California, y señaló que la investigación permitió identificar la que calificó como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento en el país.

Operación y estructura de la red de contrabando

Explicó que el contrabando de hidrocarburos consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando cantidades menores a las realmente transportadas o declarando productos distintos para reducir el pago de impuestos.

Añadió que este tipo de operaciones requiere estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas, por lo que la investigación demandó un trabajo técnico y especializado.

Detalló que la reconstrucción de la operación requirió el análisis y cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria, corporativa y de comercio exterior, además de la revisión de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidad real de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias, transferencias internacionales y relaciones corporativas, lo que permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.

Las indagatorias establecieron que la estructura comenzó a operar a través de una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos, que, aunque el ex panista aseguró que era socio, pero no mayoritario, fue fundada por Ernesto Ruffo Appel.

A partir de esa compañía se integró una red conformada por empresas importadoras de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, operadores logísticos, empresas transportistas y comercializadoras que participaban en las distintas etapas de la operación.

La investigación comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en Ramos Arizpe, Coahuila, en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Petróleos Mexicanos, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la FGR. A partir de ese decomiso se inició la reconstrucción del origen, traslado y destino del combustible, así como de las personas y empresas involucradas.

De acuerdo con la investigación, la operación iniciaba con la importación de derivados del petróleo provenientes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos.

Al ingresar al país se declaraban cantidades menores a las realmente transportadas, productos distintos a los introducidos o mercancías sujetas a un menor pago de impuestos. Para concretar esos trámites, la organización presuntamente contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaban el ingreso de los productos.

El combustible ingresaba principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, y posteriormente era distribuido en Coahuila, Durango y Zacatecas. La FGR estableció que la organización declaraba alrededor de 10 mil litros por cada carro tanque de ferrocarril, cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros.

Una vez en territorio nacional, el combustible ingresaba sin las revisiones aduaneras correspondientes y era descargado en espuelas ferroviarias sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético.

Posteriormente era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas encargadas de comercializarlo y distribuirlo en distintas regiones del país, con lo que la red controlaba toda la cadena, desde la importación y los trámites aduanales hasta el transporte, almacenamiento, comercialización y distribución final.

La reconstrucción de esa ruta logística permitió identificar el recorrido completo del combustible desde su ingreso al país hasta su destino final.

Como resultado de una primera acción operativa, la Fiscalía estimó una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos para la organización, desarticuló uno de sus principales centros de operación y localizó decenas de carros tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

Las investigaciones determinaron además que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.

Asimismo, la organización habría utilizado 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.

Tan sólo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, mientras que por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se dejaron de enterar 18 millones 289 mil 304 pesos, para un perjuicio inicial de 106 millones 800 mil 821 pesos.

La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades realmente ingresadas al país.

En el caso del diésel se detectaron importaciones equivalentes a más de diez veces lo autorizado, mientras que en gasolina regular las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.

Al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México entre enero y julio, la FGR detectó que la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

El análisis de esas operaciones permitió estimar un perjuicio superior a 4 mil 456 millones 577 mil pesos a la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

De manera paralela, la Fiscalía desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas.

Aseguró que se detectaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, comportamiento característico de las denominadas "cuentas puente", utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.

Las indagatorias también revelaron que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que posteriormente los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, configurando un presunto esquema de triangulación de recursos.

Godoy Ramos informó que entre los 25 objetivos de la investigación se encuentran socios de las empresas presuntamente vinculadas con la red, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado de agencias y servidores públicos.

Las acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión se desarrollan en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

La Fiscal General destacó que del 1 de diciembre al 15 de julio la FGR ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por las vías marítima, ferroviaria y terrestre.

Subrayó que la carpeta de investigación está sustentada en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis científicos de información, por lo que las investigaciones continuarán para desarticular las redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de estructuras financieras para ocultar recursos de origen ilícito.

Añadió que la información sobre la situación jurídica de los involucrados se dará a conocer conforme avancen las etapas procesales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.