Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel; es enviado al CEFERESO 1 Altiplano

A 48 horas de haber sido detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto Guillermo Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Prisión preventiva y medidas cautelares para los implicados

Como parte de la resolución, ordenó el ingreso del exgobernador de Baja California, junto con Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 "Altiplano", en el Estado de México.

En la misma resolución, el juzgador determinó que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanezcan en prisión preventiva domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur para cumplir la medida cautelar.

Investigación y acusaciones de la Fiscalía General de la República

Durante una audiencia que se prolongó por más de un día, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó en la audiencia inicial cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.

El Ministerio Público Federal formuló imputación contra los ocho por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Al concluir el debate sobre las medidas cautelares, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos señaló que los imputados presuntamente participaron en un mecanismo de contrabando de hidrocarburos consistente en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, al reportar volúmenes inferiores a los realmente transportados o declarar la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.

Detalles de la red de contrabando y perjuicios económicos

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación identifica a Ernesto Guillermo Ruffo Appel como fundador de una empresa a partir de la cual comenzó a operar la presunta red de contrabando de hidrocarburos. La organización, sostiene la indagatoria, importaba combustibles desde refinerías de Texas y, al ingresarlos a México, declaraba cantidades menores a las realmente transportadas o registraba productos distintos para evadir el pago de impuestos y otras contribuciones.

Entre enero y julio, la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas detectaron que la presunta organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Como resultado de esas operaciones, estimó un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

La investigación establece que la red declaraba únicamente alrededor de 10 mil litros por cada carro-tanque de ferrocarril, cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros, es decir, apenas reportaba cerca del 10 por ciento de la carga. Posteriormente, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaban con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético.

El análisis financiero también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. La FGR sostiene que los recursos eran transferidos de manera casi inmediata entre cuentas para dificultar la identificación de su origen y de sus beneficiarios finales, mediante un presunto esquema de triangulación de recursos.