La diputada Anayeli Muñoz presenta iniciativa para establecer en la Constitución el derecho a apoyo económico para niñas y niños afectados por feminicidio
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Estado debe apoyar a hijos e hijas víctimas de feminicidio: MC
Por: Aida Ramirez Marin
Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados está proponiendo reformar el artículo 4º de la Constitución, a fin de establecer que las hijas e hijos de mujeres víctimas del delito de feminicidio tienen derecho a recibir, de manera oportuna y sin discriminación, un apoyo económico para la satisfacción de sus necesidades básicas y la continuidad de su desarrollo integral.
Agrega que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, garantizará este derecho con perspectiva de género y con estricto apego al principio del interés superior de la niñez.
Lo anterior, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren el acceso a dicho apoyo, así como a medidas complementarias de protección, atención y reparación integral para las víctimas indirectas, en los términos que establezca la ley.
Impacto social y jurídico del feminicidio en la niñez
La iniciativa presentada por la diputada Anayeli Muñoz Moreno, y enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que el feminicidio es la manifestación de una problemática estructural que afecta profundamente el tejido social.
Además de su impacto trasciende a la víctima directa y se proyecta hacia su entorno inmediato, generando consecuencias particularmente graves para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad.
La legisladora de MC señala que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de justicia social y de cumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales en materia de atención a la violencia de género y protección integral de las infancias.
Pero también garantizar un apoyo económico a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio "no es solo una medida de política pública, sino un imperativo jurídico derivado del reconocimiento de los derechos humanos".
Constitucionalizar este derecho, puntualiza, implica reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y garantizar que la violencia feminicida no determine el futuro de niñas, niños y adolescentes.
