María Elena Ríos: siete años después del ácido la herida sigue abierta

A casi siete años del ataque con ácido que cambió su vida para siempre, la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz denunció que su lucha por obtener justicia continúa marcada por la impunidad, la corrupción y la revictimización institucional, mientras persiste el riesgo de que su presunto agresor intelectual, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, obtenga su libertad.

En entrevista, la sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa recordó que el ataque ocurrió el 9 de septiembre de 2019, cuando fue rociada con ácido sulfúrico. Su madre, quien la acompañaba en ese momento, también resultó con quemaduras graves.

Ríos señaló que el proceso judicial ha sido desgastante no sólo por la complejidad legal, sino por una campaña sistemática de desprestigio en su contra y contra su familia, presuntamente impulsada por el entorno de los acusados.

"Lo único que he hecho hasta la fecha es sobrevivir", expresó al describir las secuelas físicas, emocionales y psicológicas que le dejó la agresión.

Corrupción y retrasos judiciales

La activista afirmó que su caso ha estado rodeado de irregularidades y acusó a distintos actores del sistema judicial de favorecer a los presuntos responsables.

Recordó que en agosto de 2024 se desarrolló la etapa de juicio oral, proceso que derivó en la absolución de Vera Carrizal por parte del juez José Gabriel Ramírez Montaño. Sin embargo, dicha resolución fue posteriormente cuestionada y la orden de liberación fue suspendida tras investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Según explicó, los acusados promovieron diversos recursos de amparo para recuperar su libertad, situación que mantiene el caso en una prolongada incertidumbre jurídica.

Ríos lamentó que, pese a la relevancia nacional de su caso y a los avances legislativos que impulsó para castigar los ataques con ácido contra mujeres, continúe enfrentando obstáculos para acceder a una sentencia definitiva.

Viviendo con temor

Al respecto, la saxofonista hizo un llamado a las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación, para que no la dejen sola frente a los riesgos que enfrenta.

Explicó que desde 2020 vive desplazada en la Ciudad de México debido a amenazas y actos de violencia derivados del caso. Incluso aseguró haber sufrido ataques armados pese a contar con medidas de protección.

"Yo no sé si mañana me van a matar", afirmó al describir el temor constante bajo el que vive desde el atentado.

Asimismo, pidió al Poder Judicial de Oaxaca actuar con perspectiva de género y evitar resoluciones que puedan derivar en la liberación de los acusados.

Para sentar precedentes

María Elena Ríos sostuvo que su lucha trasciende su situación personal y representa una causa colectiva para miles de mujeres víctimas de violencia extrema.

Destacó que, gracias al activismo de sobrevivientes y legisladoras, en 18 entidades del país se han impulsado reformas para reconocer y sancionar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, conductas que anteriormente ni siquiera estaban tipificadas de manera específica.

La activista insistió en que el objetivo es establecer precedentes jurídicos que eviten que otras mujeres enfrenten procesos tan largos y dolorosos como el suyo.

"Necesitamos sentar un precedente firme y sólido para que estas cosas no vuelvan a acontecer", señaló.

Mientras las resoluciones judiciales continúan pendientes, Ríos aseguró que seguirá haciendo pública su exigencia de justicia y denunció que la estrategia de quienes buscan favorecer a los acusados consiste en apostar al desgaste y al olvido.|

"Ellos tienen dinero y poder; yo tengo algo más valioso: la verdad", concluyó.