México y EU avanzan hacia un " T-MEC de seguridad" con el nuevo BIG

México y Estados Unidos dieron un paso hacia una cooperación más profunda en materia de seguridad con la puesta en marcha del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), una estructura que busca convertir los acuerdos políticos entre ambos gobiernos en acciones operativas permanentes contra el crimen organizado, una especie de "T-MEC de seguridad".

El nuevo mecanismo fue activado durante una reunión de alto nivel celebrada en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, donde participaron representantes de 15 agencias estadounidenses junto con funcionarios de la Fiscalía General de la República, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, la de Marina y la Guardia Nacional.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense Ronald Johnson, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación bilateral frente a amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico de armas, las finanzas ilícitas y la migración irregular.

A diferencia de mecanismos anteriores centrados en el diálogo político, el BIG nace con una misión específica: implementar acuerdos, coordinar operaciones y medir resultados. El lenguaje utilizado por Washington refleja ese cambio. En los comunicados difundidos tras la reunión, la administración estadounidense insistió en conceptos como ejecución, implementación y resultados concretos.

La dimensión del proyecto ha llevado a algunos promotores de la relación bilateral a compararlo con un acuerdo estructural de largo plazo.

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de construir un "T-MEC de la seguridad", una arquitectura institucional que permita a ambos países coordinar políticas, compartir información y dar seguimiento permanente a objetivos comunes.

Aunque el BIG no tiene carácter de tratado, su diseño apunta hacia una cooperación más estable y formalizada que la observada en años anteriores.

Del fentanilo al huachicol

La agenda acordada entre ambos gobiernos rebasa el combate tradicional al narcotráfico. Las prioridades incluyen acciones contra el tráfico de armas, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el robo de combustible y las redes financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales.

Uno de los elementos más novedosos es precisamente la incorporación del huachicol como un asunto de seguridad binacional. Durante años la relación estuvo concentrada en drogas y migración. Ahora el contrabando de combustibles aparece entre los objetivos prioritarios de la cooperación.

Las conversaciones también incluyeron amenazas emergentes relacionadas con el uso de drones por parte de grupos criminales. Ambos gobiernos acordaron fortalecer la coordinación para enfrentar tecnologías utilizadas en tareas de vigilancia, transporte de mercancías ilícitas y actividades vinculadas al crimen organizado.

Washington presume resultados

La puesta en marcha del BIG estuvo acompañada por un balance de resultados presentado por la Embajada de Estados Unidos. Según las cifras difundidas por Washington, el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense se redujo más de 95 por ciento, mientras que las muertes por sobredosis disminuyeron 35 por ciento.

La representación diplomática también destacó que México ha asegurado más de 400 toneladas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos. Del lado estadounidense, las autoridades reportan el decomiso de más de 36 mil armas ilegales, incluidas miles que tenían como destino organizaciones criminales que operan en México.

Cooperación bajo tensión

Mientras Washington pone el énfasis en los resultados, el gobierno mexicano mantiene el acento en los límites de la cooperación. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que la relación bilateral se sustenta en el respeto irrestricto a la soberanía, la confianza mutua, la responsabilidad compartida y la coordinación sin subordinación.

La definición cobra relevancia en medio de una relación marcada por tensiones recientes, acusaciones contra funcionarios mexicanos y diferencias sobre los alcances de la estrategia de seguridad regional.

Horas antes de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no formarían parte de la agenda del encuentro. El objetivo, dijo, era concentrarse exclusivamente en los compromisos del entendimiento bilateral en materia de seguridad.

Con el nacimiento del BIG, ambos gobiernos buscan institucionalizar una cooperación que hasta ahora dependía de reuniones periódicas y acuerdos específicos. El reto será comprobar si esta nueva estructura logra producir resultados sostenidos sin profundizar las tensiones que históricamente han acompañado la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.

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