La presidenta sostuvo que la medida busca combatir delitos como la extorsión y adelantó que la próxima semana se aclararán dudas sobre plazos, prórrogas y posibles sanciones.
Por: Roberto Cortez
Claudia Sheinbaum salió a defender una de las medidas que más dudas ha generado en los últimos meses: el registro obligatorio de líneas telefónicas asociado a una persona identificable.
La presidenta aseguró que el objetivo no es vigilar a los ciudadanos ni acceder de manera indiscriminada a sus comunicaciones. Según explicó, la medida busca cerrar espacios utilizados por grupos dedicados a la extorsión telefónica y otros delitos cometidos mediante teléfonos móviles.
"Es absoluta y totalmente falso" que el propósito sea espiar a la población, afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.
La mandataria reconoció que existe una campaña de críticas y desinformación alrededor del padrón. Por ello adelantó que la próxima semana el gobierno presentará una explicación detallada sobre la aplicación de la ley, los plazos de registro y las alternativas para quienes aún no han completado el trámite.
La mandataria reconoció que existe una campaña de críticas y desinformación alrededor del padrón. Foto: Cuartoscuro
El debate se intensificó porque el plazo inicial concluye este mes y persisten interrogantes sobre posibles prórrogas, la suspensión de líneas no registradas y el tratamiento de los datos personales.
Sheinbaum sostuvo que más de la mitad de las líneas ya están registradas y llamó a los usuarios a completar el proceso. Argumentó que asociar cada chip telefónico con una identidad facilita investigaciones relacionadas con desapariciones, extorsiones y otras conductas delictivas.
La presidenta también buscó responder a las preocupaciones sobre privacidad. Explicó que la información permanece bajo resguardo de las empresas telefónicas y que el gobierno únicamente puede solicitar datos específicos en el marco de una investigación formal.
"La información la guardan las telefónicas, no el gobierno", afirmó.
La discusión refleja una tensión que suele aparecer cuando las autoridades buscan ampliar herramientas de seguridad. Mientras el gobierno presenta el registro como un instrumento para combatir delitos, organizaciones civiles y especialistas han advertido sobre riesgos potenciales para la protección de datos personales y el uso futuro de la información.
Por ahora, el gobierno apuesta a que una mayor participación ciudadana fortalezca el padrón antes de que concluya el periodo de registro. La explicación oficial sobre sanciones, prórrogas y mecanismos de operación quedará para la próxima semana.
Lo que está en juego no es sólo el cumplimiento de un trámite. También la capacidad del gobierno para convencer a millones de usuarios de que una herramienta diseñada para reforzar la seguridad no terminará convertida en motivo de desconfianza.
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